El Parlamento de Gasteiz ha avalado la renovación de los conciertos con los centros educativos privados, pero ha instado al Ejecutivo a que se adecúen a los criterios que se recojan en la nueva ley educativa y a que se establezcan en ella mecanismos que liguen su financiación pública a su aportación a la cohesión social.

El pleno de la Cámara ha aprobado este jueves este emplazamiento tras el debate de una moción de Elkarrekin Podemos-IU que ha estado marcado por el documento de bases para la elaboración de esta nueva ley que tienen sobre la mesa todos los grupos y en el que se defiende que el euskara sea el eje de la enseñanza, así como la «gratuidad real».

En su iniciativa, Elkarrekin Podemos-IU pedía que los conciertos, cuya vigencia de seis años se cumple este año, se renueven por uno o dos cursos, para no «hipotecar» el diseño de sistema educativo en un momento en el que se trabaja en la nueva ley.

Esta propuesta ha sido rechazada y ha salido adelante un acuerdo adoptado entre PNV, PSE y EH Bildu, con la abstención del proponente, en el que se respalda la renovación de los actuales conciertos, pero teniendo en cuenta que se deben adecuar en un futuro a los criterios que se recojan en la ley que Lakua tiene previsto aprobar el segundo semestre de este año.

Además, el Parlamento pide que se establezcan mecanismos para que todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos asuman «de manera equitativa» las necesidades del «alumnado vulnerable, la diversidad y la cohesión social».

División entre los grupos

El representante de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez ha mostrado su desconfianza en que dicho objetivo vaya a cumplirse, aseverando que la renovación por seis años de los conciertos condicionará el acuerdo educativo que se pueda adoptar en la Cámara autonómica.

En cuanto a los trabajos de la ponencia, ha insistido en que su grupo estará «hasta el último segundo intentando mejorar» el texto, por lo que ha instado a una «negociación real» entre los partidos. «Queremos participar en esa construcción con la escuela pública como columna vertebral», ha reclamado.

Desde el PNV, Leixuri Arrizabalaga ha dejado claro que los conciertos deben renovarse ahora conforme a la ley actual, pero ha asegurado que los criterios aprobados hoy son un «compromiso firme y claro».

Ha defendido la convivencia de ambas redes por ser una «peculiaridad» del sistema y no una «anomalía»; y, en relación al documento de bases con el que trabaja la ponencia parlamentaria, ha pedido a Elkarrekin Podemos-IU «valentía» para poder sumarse a un acuerdo.

En el mismo sentido se ha pronunciado Ikoitz Arrese (EH Bildu), quien se ha centrado en el debate en torno a la nueva ley y ha afirmado que «el no acuerdo no es una opción». «Estamos a las puertas de un gran acuerdo de país» en el que confía puedan estar las cuatro fuerzas principales del Parlamento.

Arrese ha asegurado que EH Bildu no comparte la política de concertación universal y ha destacado que la nueva planificación educativa pasa por que la «escuela pública sea el eje vertebrador del sistema».

Por su parte, José Antonio Pastor, del PSE, ha considerado que los conciertos se deben renovar para evitar «situaciones indeseadas» y ha indicado que la nueva ley «algo tendrá que decir sobre ellos».

Ha abogado por una ley en la que la escuela pública tenga un «carácter esencial y troncal» y en cuanto al documento de bases ha advertido de que hay cosas que les gustan «y otras no tanto», al tiempo que ha apuntado que el consenso previo debe darse «dentro del gobierno».

«Hay que ponerse a trabajar por un gran acuerdo para el que hay que pulir aspectos que no nos acaban de convencer», ha insistido.

José Manuel Gil, de PP-Cs, ha considerado que la moción «ataca directamente a la concertada», y ha ausado a Elkarrekin Podemos-IU de querer aprovechar la nueva ley para «hacer desaparecer los conciertos por prejuicios».