El vecino de Galdakao Jon Crespo Ortega ha recibido orden de reingreso en prisión tras revocar la Audiencia Nacional española el tercer grado concedido hace cuatro meses, según ha confirmado y denunciado Etxerat. La medida ha sido adoptada tras la presión de la Fiscalía, que recurrió esta progresión. Y en esta ocasión quien la firma no es la sala superior, sino el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

Se trata de un caso idéntico al de Unai Fano hace unos meses, que sentó un inquietante precedente, sin olvidar que no es el único recurso de la Fiscalía contra estos casos, que por cierto son muy puntuales hasta la fecha (en torno a una decena a día de hoy).

La concesión del tercer grado a Crespo fue anunciada el 29 de setiembre del pasado año, cuando estaba en la cárcel cántabra de El Dueso, y partió de la propuesta favorable de la Junta de Tratamiento de ese penal, que fue aprobada por Instituciones Penitenciarias. Conllevó su traslado a Basauri, que se materializó unos dias después, justo en la semana en que el Gobierno de Lakua asumió la competencia.

Desde entonces, por tanto, Jon Crespo Ortega estaba en la calle en tercer grado: algo más de cuatro meses hasta que ha llegado este varapalo de la Audiencia Nacional.

Se da la circunstancia de que en realidad Crespo debería encontrarse en libertad condicional por haber cumplido la parte correspondiente de la condena, al igual que otras decenas de presos y presas vascas. La propia nota de Instituciones Penitenciarias que comunicó el tercer grado en setiembre explicitaba que había superado los tres cuartos de cumplimiento un mes antes, en agosto. Lleva encarcelado desde 2002; veinte años.

Doble desautorización

La maniobra confirma los obstáculos de la Audiencia Nacional contra el desarrollo de la vía legal, denunciados desde Behatokia del Foro Social hace ya más de medio año. Y conlleva además un doble desafío o desautorización: por un lado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias –dependiente del Gobierno español-, que aprobó ese tercer grado en setiembre entendiendo que se cumplían todas la condiciones para ello, y por otro para el Gobierno de Lakua, que desde octubre tiene la competencia de prisiones en la CAV, dado que Crespo está asignado ahora a la cárcel de Basauri.

Cabe recordar aquí que los nuevos responsables de gestión penitenciaria en la Administración Urkullu han marcado el objetivo de subir el porcentaje de personas presas en régimen de semilibertad del 25% actual al 40%, sin hacer excepciones para los condenados por acciones de ETA o «kale borroka». Pero también es cierto que ante el caso de Fano mostraron públicamente un deseo de «no confrontar» con la Audiencia Nacional. Ambas cuestiones se reflejaban en la entrevista a Jaime Tapia, encargado de diseñar el «sistema penitenciario vasco», en NAIZ.

El tercer grado puede considerarse como el mayor punto de fricción actual de la batalla legal de EPPK para abrir las puertas de las prisiones. Por un lado, si bien el primer grado prácticamente se ha eliminado por completo, las progresiones de segundo a tercer grado solo están siendo aprobadas con cuentagotas por las instituciones penitenciarias de Madrid y Gasteiz. Y en paralelo, Fiscalía y Audiencia Nacional han forzado estas dos regresiones contra el criterio de las juntas de tratamiento de las propias cárceles.

Etxerat: «Derecho a la reintegración»

Etxerat ha expresado en una nota su indignación por esta regresión de grado, destacando que «en todo este tiempo, el preso vizcaino ha estado en la calle, ha cumplido todos los requisitos que se le han exigido sin haber hecho, en ningún caso, mal uso de su clasificación».

«Queremos denunciar que la AN española vuelve a constituirse en obstáculo para que los y las presas vascas puedan ejercer sus derechos y recorrer su camino por la legalidad penitenciaria. El auto comporta mayor excepcionalidad, si cabe, ya que conculca el derecho a la resocialización de una persona que se encontraba desde hace cuatro meses en la calle con total normalidad, respetando todas las condiciones impuestas», añade.

Etxerat tampoco pasa por alto que «tras este tipo de resoluciones, además, no se encuentra solo el preso, sino que hay una familia y un entorno, más si cabe porque si se les aplicara la ley ordinaria buena parte de los presos y presas vascas deberían estar ya en su casa. Consideramos que nuestros familiares presos tienen derecho a seguir avanzando en la resolución de las consecuencias del conflicto, y como en este caso de Jon Crespo, tienen derecho a la reintegración en la sociedad vasca».

Sare convoca el sábado

Sare ha manifestado en una valoración de urgencia que este regreso a prisión ordenado por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria «supone un acto más en intento de obstaculizar el camino hacia la convivencia». Y avanza la convocatoria una manifestación el sábado a las 13.00 en Galdakao.