El Parlamento de Gasteiz ha rechazado, con los votos de PNV, PSE, PP+Cs y Vox, una proposición de ley presentada por EH Bildu para regular la opción de adquisición preferente de vivienda por parte de las administraciones públicas. Su objetivo era limitar la actividad inmobiliaria en materia de vivienda de los fondos de inversión, ampliando el parque de vivienda de alquiler social.

El parlamentario EH Bildu Unai Fernández de Betoño ha sido el encargado de defender la norma ante el pleno, recordando que en Etxebide hay inscritas más de 60.000 personas que demandan una vivienda de alquiler social. Un bien escaso en la CAV, ya que, según ha explicado, solo hay 25.800 viviendas protegidas en régimen de alquiler, de las que 6.400 están registradas en el programa Bizigune.

Ha advertido de que Lakua trata de salir la escasez de viviendas públicas en alquiler con prestaciones económicas, que, en palabras del parlamentario soberanista, suponen un coste de 135 millones de euros anuales. «Ese dinero va automáticamente a manos de los propietarios. Por lo que estamos traspasando dinero público a manos privadas», ha manifestado antes de defender la adquisición preferente de viviendas por parte de las instituciones públicas.

A su juicio, Lakua debería tratar, al menos, de comprar, echando mano del derecho de tanteo y retracto, recogido normar vigentes, las VPO que salgan a la venta en zonas donde de mercado de alquiler tensionado, como pueden ser las tres capitales de la CAV, en especial Donostia. «¿Para qué? Para poner esas viviendas en alquiler social, de forma que estén blindadas y controladas por las administraciones públicas».

Esta idea es compartida por Elkarrekin Podemos-IU, que, por boca de Iñigo Martínez, que ha abogado por regular los precios del alquiler y «seguir explorando fórmulas para ampliar y consolidar un parque público de vivienda que permita incidir en la evolución del mercado privado también».

Defensa de la propiedad privada y del mercado

Pero esto es justo lo que no desean el resto de grupos de la Cámara, que han votado en contra de una norma que, en opinión de María Jesús San José, del PSE, «implica cortocircuitar un mercado de segunda mano de vivienda protegida trascendente y cercenar el acceso de las clases medias con ingresos de hasta 39.000 euros anuales en términos ponderados a la propiedad de viviendas de precio limitado»

En el mismo sentido se han pronunciado desde Vox y desde el PP, alertando de un «ataque a la propiedad privada» y censurado la posibilidad de intervenir en el mercado desde la Administración, aunque se trate de viviendas públicas erigidas con un fin supuestamente social.

Desde el PNV, Irune Berasaluze ha echado mano de los argumentos esgrimidos por Lakua para argumentar su criterio desfavorable, recordando que los derechos de tanteo y retracto se hallan regulados ya en la Ley de Suelo y Urbanismo y en la Ley de Vivienda.

En este sentido, conviene recordar que el Gobierno de Gasteiz indicó el pasado mes de octubre que «a propuesta de regulación nada nuevo aporta, en realidad, respecto de la mencionada regulación legal, resultando incluso más confusa cuando ni tan siquiera plantea la derogación de todos o algunos de los preceptos reseñados cuya refundición se plantea».

Y es cierto que la opción de compra preferente está recogido en la legislación. Pero, según ha destacado Fernández de Betoño en el pleno de este jueves, el Ejecutivo solo lo ha usado en 28 ocasiones en los últimos seis años.