El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, Mikel Lizarraga, autor del informe, y María Victoria Martinikorena, víctima de los abusos de una monja cuando tenía 11 años, han presentado los resultados extraídos del primer informe sobre abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica en Nafarroa, que ha elaborado la UPNA.

Lizarraga ha presentado los resultados y conclusiones del mismo, de donde se desprenden 59 víctimas identificadas. Para la realización del informe se entrevistó a 43 víctimas y se identificaron otras nueve. Además, en la última semana, tras varias publicaciones en prensa, otras siete personas más se han puesto en contacto con ellos. 

Además, se apunta a un total de 31 religiosos como responsables de estos abusos. 31 religiosos de 17 centros educativos y de 12 municipios distintos. Uno de ellos director de un centro, 21 profesores, tres enfermeros, tres que regentaban una tienda, un portero de colegio y dos sacerdotes que no ejercían la docencia.

El informe se ha publicado sin los nombres de los agresores «para respetar la presunción de inocencia», pero se ha mandado una copia a la Fiscalía para que valore los pasos a dar. 

«Existen más víctimas que no han sido identificadas», ha asegurado Lizarraga. «En el 90% de los casos, la víctima aseguró no ser la única de clase y que era algo generalizado en el centro». Además, ha destacado que «el número de presuntos abusadores es muy alto con respecto a las víctimas», por lo que, ha insistido, «todo apunta a que deben ser muchas más víctimas».

Del mismo modo, el amplio reparto de los casos por toda la geografía navarra hace pensar que el número de abusos debe ser mucho mayor. «La teoría de la manzana podrida que muchas veces ha defendido la Iglesia católica cae por su propio peso», ha apuntado el investigador.

Opacidad

Lizarraga ha reconocido los problemas para completar el informe. «Hay datos que no se han podido comprobar al no poder acceder a los datos eclesiásticos». En el momento de sufrir los abusos, la mayoría de estas personas tenían entre 8 y 12 años, algunas hasta 5 y 6. «En el momento de sufrirlos no eran conscientes, y ya en la edad adulta han sido conscientes del carácter sexual de los mismos. Estas víctimas tienen ahora entre 60 y 80 años», ha relatado Lizarraga. «Muchos no tienen interés en recordar unos hechos tan dolorosos. El olvido, también como autoprotección. Han aprendido a vivir con ello», ha subrayado.

Del mismo modo, ha destacado que en el contexto familiar sigue siendo «tema tabú», lo que ha profundizado en el «sentimiento de culpa y vergüenza, aumentado por las pautas de la Iglesia, que ha priorizado proteger al victimario».

Estas víctimas tienen asumido que no van a obtener un resultado satisfactorio al no haber vía penal ni justicia restaurativa y, por ello, muchas prefieren no denunciarlo para no revivirlo.

Víctima de una monja

Quien sí que lo ha revivido y relatado ha sido María Victoria Martinikorena, víctima de los abusos de una monja cuando tenía 11 años, en el Colegio Ursulinas de Iruñea. Ahora tiene 73 años.

«Entonces parecía que no existía la homosexualidad femenina. Cuando lo denuncié era como si les hablase en chino», ha señalado, destacando que los abusos por parte de una mujer no dejaban marcas en su cuerpo. «Cuando te están abusando, tú no sabes lo que pasa en el cuerpo de otra persona, porque no lo ves. Y menos cuando con 11 años una monja con hábito te está haciendo lo que le da gana».

Martinikorena está convencida de que no puede ser la única mujer víctima de una monja. Ella lo sufrió durante todo un curso escolar. «La monja que se suponía que me cuidaba me llevó a dormir a otro cuarto. No sabíamos que teníamos sexualidad. No podía imaginar nada. Pero a ese cuarto venía otra monja, que era la enfermera del colegio y yo no conocía de nada. Aquel cambio fue como si me hubiesen vendido a la prostitución. Esa monja podía hacer con mi cuerpo lo que le diese la gana. No era nada. Una cosa. Tenía que hacer lo imposible para que esa persona tuviese algo de misericordia de mí. Me ha costado en mi vida que no me quieran ni saber querer. Te eligen porque eres lo más vulnerable del mundo, con unas carencias afectivas horribles. Eres la víctima maravillosa. Tienen derecho a hacer lo que les de la gana. Desnudarte, besarte, maltratarte de cualquier forma», ha relatado.

Martinikorena ha profundizado en las secuelas que ha arrastrado durante toda su vida. «Empecé a tener problemas respiratorios, de estómago, tristeza, angustia. Fue tan traumático que mi cuerpo lo negó. Ese año dejó de existir para mi, pero sí que padecía las consecuencias. Con 14 años me fui sola a un psiquiatra porque creía que me estaba volviendo loca. De los 40 a los 50 estuve en tratamiento por ataques de angustia. Afortunadamente, fui a una psiquiatra donde entendí que yo tenía que enfrentarme al mundo. A los 45 años me separé por tercera vez, y de forma definitiva, de mi marido. A los 47 le dije a mi cuñado que llevaba 25 años abusando de mi. A los 55, viendo una película, ‘La mala educación’ de Almodóvar, fui consciente de lo que me había pasado. A mi me han abusado. Mi cabeza despertó. Hasta entonces sabía la consecuencia pero no la causa».

Reconocimiento oficial como víctimas

El consejero de Justicia del Ejecutivo navarro ha subrayado el «compromiso» de su Gobierno con esta cuestión, realizando reuniones con el arzobispado, jornadas, dando apoyo a asociaciones de víctimas y, también, el encargo a la UPNA para este estudio. «El claro objetivo es la defensa de las víctimas. No contra nada ni contra nadie sino a favor de alguien».

Santos ha insistido en que «se debe recordar y reconocer la gravedad de los hechos y no poner el foco fuera de la institución eclesiástica». Coincidiendo con Lizarraga en que los casos deben ser muchos más, ha señalado que «estamos ante la punta del iceberg» y se ha mostrado confiado de que la publicación del informe «ayudará a que otras víctimas se animen a hablar y denunciar».

Ante ello, ha anunciado que el Gobierno navarro va a impulsar una iniciativa legislativa «para tratar de reconocer la condición de víctimas de una forma oficial y poner al alcance de las víctimas la justicia restaurativa».