El programa electoral del PSOE para los últimos comicios de 2019 recogía un tajante «aprobaremos una nueva Ley de seguridad ciudadana, que sustituya a la Ley Mordaza, para garantizar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica». En el punto 2.3.1. dejaba claro el objetivo: «Derogación de la Ley Mordaza».

Unidas Podemos utilizaba un lenguaje más informal aunque también rotundo: «Fin de las leyes mordaza y de los delitos medievales de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona». Criticaba que «en 2015, el Partido Popular nos devolvía a tiempos predemocráticos». Y prometía que «nuestro país se merece una democracia del siglo XXI y, por ello, derogaremos las leyes mordaza y reformaremos el Código Penal para acabar con la criminalización de la libertad de expresión y de opinión, tanto en la calle como en internet».

La conjunción de ambas propuestas, idénticas en lo sustancial –derogar la Ley Mordaza–, se dio en el punto 5.6. del Programa de Gobierno, donde ambas fuerzas, de común acuerdo,  aseguran que «aprobaremos una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que sustituya a la “Ley mordaza” para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica». Y se comprometen a que «esta nueva legislación verá la luz a la mayor brevedad».

Pero lo cierto es que la brevedad no fue tanta, sino que hubo que esperar a reactivar una proposición de ley del PNV de «reforma» de la Ley Orgánica 04/2015 de Seguridad Ciudadana, que venía arrastrándose de la legislatura anterior. Y fue en noviembre de 2021 cuando PSOE y Unidas Podemos presentaron sus propuestas en forma de enmiendas.

Y aunque parte de lo que ambas fuerzas proponen, evidentemente, supone un avance sobre la Ley Mordaza de Mariano Rajoy, socios del Gobierno desde la izquierda lo ven como insuficientes. Y no solo son ellos, también organizaciones como Amnistía Internacional, “No somos Delito”, Iridia y la Plataforma por la Libertad de Información (PLI) aseguran que las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos no restituyen los derechos conculcados por la Ley Orgánica y, desde luego, no la deroga, que era la promesa electoral, ni la sustituye por una nueva, que es lo recogido en el Programa de Gobierno.

«Mantiene la estructura»

Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu que participa en las negociaciones, se lamenta de que, por lo visto en esta materia y también en la Reforma Laboral, «el PP es el que legisla en el Estado español y PSOE y Unidas Podemos se dedican después a poner parches, cuando lo que se habían comprometido es a derogarla».

En opinión de este diputado, extensible a otros socios, en lo que se está planteando desde los partidos del Gobierno «hay avances» con respecto a la Ley Mordaza vigente, pero el problema nuclear es que «mantiene la estructura» de aquella. Están a la espera de que todo ello se pueda corregir en la fase de negociación en la que se encuentran, aunque no confían en que se ahonde lo suficiente.

Algunos avances

Los trabajos de la Ponencia del Congreso avanzaron con tres reuniones a lo largo del mes de enero –habitualmente inhábil en esta institución– y luego se aplazaron hasta después de las elecciones de Castilla y León. Si todo avanza con ritmo, la reforma de la ley podía estar aprobada para las primeras semanas de primavera.

En el trámite se están dando pasos, como la no penalización como falta grave de las manifestaciones no comunicadas, la despenalización de la grabación de miembros de las FSE en sus actuaciones, limitar y tasar la identificación de personas, evitando que sea por causas raciales o arbitrarias y reduciendo la extensión temporal de las mismas hasta un máximo de dos horas.

Escollos 

Pero desde las fuerzas de izquierda se siguen encontrando con escollos, por ejemplo en lo relativo al artículo 37.4 sobre falta de respeto a la autoridad, convertido en un cajón de sastre a libre disfrute de los cuerpos policiales.

También está en cuestión lo relacionado con los controles policiales, donde se exige que sean motivados, coordinados con las policías autonómicas allá donde existan y ERC propone que cuenten con un aval de la Fiscalía.

La prohibición de las pelotas de goma está también entre las exigencias de socios de izquierda del Ejecutivo, pero el texto redactado por PSOE y UP se limita a que «las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables». El punto está en negociación.

Desde EH Bildu comentan que uno de sus principales motivos de rechazo a los planteamientos del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos es la intención de convertir a los funcionarios de prisiones en agentes de la autoridad, a través de la disposición final segunda bis, lo que otorgaría presunción de veracidad a sus informes y «constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda».

Además, Jon Iñarritu señala que desde un punto de vista general, la reforma que se propone tiene una visión «reactiva» de las funciones policiales, mientras que la posición de EH Bildu es mas cercana a la visión «preventiva de la tradición anglosajona».

En las próximas semanas continuarán los trabajos. Desde EH Bildu, de momento, se critica que lo aceptado hasta la fecha es más un cambio cosmético que, conteniendo avances, mantiene algunas restricciones importantes de derecho. El PNV, teniendo en cuenta que lo que se debate es su proposición de ley, es más que posible que acabe votando a favor, si se respetan las competencias autonómicas.