35 años después de que ETA llevara a cabo el atentado que causó la muerte a once personas en el cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha reclamado en un escrito con fecha de 31 de enero de 2022, y filtrado hoy a la agencia Europa Press, un total de 2.354 años de prisión para Josu Urrutikoetxea, en situación de libertad provisional a la espera de que se juzguen las causas que tiene pendientes en el Estado francés.

La Audiencia Nacional española ya juzgó y condenó por ese atentado atribuido al «comando Argala» de ETA a Unai Parot, que lleva tres décadas en prisión. Por su parte, Jakes Esnal, Ion Kepa Parot y Frederic Haranburu fueron condenados a cadena perpetua en el Estado francés. Tres de esos militantes de ETA han rebasado ya los 30 años de encarcelamiento.

También se sumó la responsabilidad sobre esa acción a las condenas que recibieron, tras su entrega al Estado español, a dos exdirigentes de la organización armada.

Se trata de Francisco Mujika Garmendia 'Pakito', que tras pasar 29 años en prisión recobró la libertad en 2020, y a Joseba Arregi Erostarbe, que lleva 30 años entre rejas.

Sin embargo, la Fiscalía señala ahora también a Josu Urrutikoetxea como «autor tanto por inducción como por cooperación necesaria» de los 99 delitos mencionados en la causa relativa al atentado cometido en 1987.

Lanzada y activada años después

Cabe recordar que las autoridades españolas no hicieron constar esa acusación contra Urrutikoetxea para conseguir su extradición al Estado español, en 1996.

Tampoco se le abrió diligencias mientras cumplía siee años de condena en el Estado español. Esa causa solo se activó, de hecho, después de que el Tribunal Supremo español ordenara la puesta en libertad de Urrutikoetxea y con este ejerciendo como parlamentario en la Cámara de Gasteiz.

Esos extremos fueron confirmados por Urrutikoetxea ante el juez Ismael Moreno cuando, por videoconferencia, este le notificó el procesamiento en un caso en el que la la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ejerce la acusación particular.

Urrutikoetxea se desvinculó expresamente del atentado que, con tres décadas de retraso, le imputa la Audiencia Nacional española.

De acuerdo al escrito conocido hoy, el fiscal Pedro Rubira asegura que Josu Urrutikoetxea «perteneció ininterrumpidamente al máximo órgano decisor de ETA, esto es, el ‘Comité Ejecutivo’» desde 1975 hasta la fecha de su detención en Baiona, el 12 de enero de 1989.

La Fiscalía afirma que los máximos dirigentes de ETA, incluido Urrutikoetxea, «resolvieron que la acción la llevaría a efecto el ‘Comando Argala’, a cuyos miembros ordenaron trasladarse a la ciudad de Zaragoza para colocar un automóvil-bomba» en el cuartel de la Guardia Civil.

No habrá entrega a corto plazo

En el marco del escrito, la Fiscalía solicita que Urrutikoetxea «indemnice a las personas que aparecen en la sentencia de 21 de mayo de 2003 y en las cantidades y por los conceptos que allí se expresan, en solidaridad con los ya condenados» citando expresamente a 'Pakito' Mujika Garmendia, Joseba Arregi Erostarbe y Unai Parot.

También pide que se suspenda el juicio oral «hasta que las autoridades judiciales francesas hagan entrega del acusado», lo que no ocurrirá en el corto plazo dado que en los tribunales franceses siguen pendientes de juicio varias causas contra Urrutikoetxea.