El donostiarra Xabier Atristain ha quedado en libertad este jueves desde la prisión de Martutene como consecuencia de la sentencia europea que ha delatado la indefensión que provoca el régimen de incomunicación.

«Salgo de la cárcel porque el TEDH ha decidido que ha habido una vulneración de derechos fundamentales. Dejo en la cárcel a muchas personas que han sufrido esta misma vulneración y espero que también su situación sea reparada», ha señalado Atristain a los periodistas congregados en la entrada.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, sentenció recientemente que se habían vulnerado sus derechos al no poder contar con su letrado de confianza, lo que «socavó la equidad del proceso penal posterior, en la medida que la declaración inicial incriminatoria del demandante fue admitida como prueba».

En consecuencia, la defensa ha reclamado al Supremo la revisión de la condena. Y mientras tanto ha solicitado la puesta en libertad hasta tres veces en el transcurso de este mes. La Audiencia Nacional la ha concedido en un auto que alude a la necesidad de «preservar el derecho a la libertad del solicitante mientras se resuelve sobre la revisión por parte de la Sala Segunda del Supremo». De momento la ejecución de la condena se declara «suspendida», aunque lo lógico es que al final del procedimiento la pena quede directamente anulada ante la claridad del dictamen europeo.

A la salida de Martutene, en nombre de Sortu Haimar Altuna ha subrayado que el fallo europeo demuestra que «España no es un Estado de Derecho, en el Estado español no hay democracia. Esta puesta en libertad tiene un gran valor, tanto desde un punto de vista jurídico como político. No es la primera vez que el Estado español es condenado por parte de Europa», ha recordado.

«En este caso desde el TEDH ha sido condenado por una práctica sistemática: el periodo de incomunicación que vulneró el derecho de defensa de Xabier Atristain –ha añadido Altuna–. Tampoco hay que olvidar que ese periodo ha generado que en este país haya habido miles y miles de torturados. Hay que decir alto y claro que no es un caso aislado, que en la misma situación se encuentran muchas de las mujeres y hombres que componen EPPK. Ha llegado la hora de dar una solución rápida y justa al tema de los presos políticos vascos. Denak etxera ekarri behar ditugu», ha concluido.

Doble detención en 2010, cárcel ininterrumpida desde 2013

Lo ocurrido con Atristain es conocido y resulta muy definitorio. En marzo del año 2010, este donostiarra se entregó en una comisaría de Biarritz, al saber que era buscado por las FSE tras el arresto en febrero en Gipuzkoa de Ibai Beobide. Un mes después fue entregado a Madrid, y la Audiencia Nacional le dejó libre.

Volvió a ser arrestado en setiembre de ese año, y entonces se ordenó su incomunicación durante cinco días, siendo atendido por un letrado de oficio, sin que permitieran la asistencia de un abogado de su confianza. Se autoinculpó de diversos hechos a consecuencia de las torturas que detalló y de amenazas como detener a su novia. Y en ello se basó la condena impuesta por la Audiencia Nacional.

Cumplió dos años de prisión provisional y en setiembre de 2012 recuperó la libertad a la espera de juicio. Este tuvo lugar en 2013, y fue condenado a 17 años de cárcel. Pero ahora Estrasburgo ha declarado injusto ese proceso debido a la falta de garantías jurídicas en el periodo de incomunicación, una constante en casi todos los casos de presos vascos, como reflejaba en esta entrevista en GARA su abogado, Zigor Reizabal.

Aplicación a los demás torturados

EH Bildu, que se ha pronunciado sobre este caso mediante una nota de prensa, cree que la decisión sobre Atristain debería tener «una aplicación analógica en decenas de casos» y restaurar los derechos de víctimas de la tortura, «ahora sometidas a condenas injustas». Ha recordado que casi un centenar de presos y presas ha denunciado torturas.

Ha considerado «altamente positiva» la solución al «encarcelamiento arbitrario» desenvuelta por el Tribunal de Estrasburgo, si bien ha denunciado «el daño que se le ha causado durante años de cumplimiento de una condena a todas luces ilegítima».

«Hemos denunciado que la incomunicación creaba las circunstancias necesarias para que la tortura se produjera. Ahora el TEDH ha asumido que esto vulneraba además el derecho a un proceso justo. Estas autoinculpaciones y las inculpaciones a terceras personas arrancadas bajo torturas bajo el régimen de incomunicación, el conocido fruto de árbol envenenado, ha estado a la base de la actuación de la Audiencia Nacional, que no pretendía esclarecer la verdad ni emitir justicia, sino adjudicar castigos durísimos», ha valorado EH Bildu.

La coalición abertzale ha emplazado además a abrir una reflexión para facilitar medidas de justicia transicional para los presos que han denunciado torturas y han sufrido vulneración del derecho a un juicio justo.