El sindicato Steilas ha solicitado que la nueva Ley de Educación de la CAV hacia la que se están dando pasos establezca un marco para una publificación progresiva y que se «profundice» en el modelo de inmersión lingüística en euskara. Anuncia además anunciado que emprenderá «las movilizaciones que sean necesarias» para defender la escuela publica que la sociedad «merece y que está exigiendo».
Para la central, el documento presentado por el Gobierno de Lakua con respaldo parlamentario mayoritario aparente adolece de «una gran falta de concreción» y carece de una «planificación estratégica para atajar la segregación».
El sindicato educativo ha ofrecido una rueda de prensa en Bilbo para hacer públicas sus aportaciones, como están haciendo todos los agentes, y ha saludado que «ya es hora de dar un paso adelante» en el sistema educativo vasco, ya que la última ley de educación se publicó hace casi 30 años.
No obstante han asegurado que si se repara en lo publicado hasta la fecha, parece que los objetivos de Steilas «sean contrapuestos a los de quienes han redactado el borrador», dado que entiende que la actual escuela pública debe tener «la centralidad que le corresponde» y que eso «difícilmente podrá beneficiar a las patronales de los centros concertados, ya que ambas redes son contrapuestas».
Para el sindicato, a día de hoy, los puntos de partida, los modos y las condiciones de la enseñanza en ambas redes, la pública y la privada concertada son muy distintos, que el sistema educativo dual es una herramienta de «estratificación de la sociedad», y que si este acuerdo educativo no lo comprende, se continuará «perpetuando la brecha social y desigualdad de oportunidades».
Segregación y publificación
La central ha criticado que en el borrador presentado falta «una planificación estratégica para atajar la segregación».
Para el sindicato la nueva ley de Educación de la CAV debería además establecer el marco para una publificación progresiva, para lo que es indispensable modificar la titularidad jurídica de los centros. Según han dicho, los centros de titularidad privada, a diferencia de los públicos, pueden contar con variedad de fuentes de financiación, como las aportaciones de cooperativistas, las fiestas recaudatorias, las subvenciones extraordinarias de fundaciones, los acuerdos con empresas privadas, la venta de material, etcétera.
Steilas defiende también que el ciclo 0-3 de Educación Infantil deberá ser gratuito y público e integrado en educación y ha asegurado que mientas confluyan las dos redes, deberá igualarse la forma de proceder de ambas, teniendo como objetivo la publificación.
A su juicio es necesario que los procesos de contratación de trabajadores sean «transparentes, objetivos y que garanticen la aptitud para la enseñanza y el perfil lingüístico en euskara», mientras que también la elección de las directivas, así como sus funciones deberán realizarse de manera democrática, y en general deberá igualarse el organigrama y las funciones de las dos redes.
Añade la propuesta de que los centros privados pasen auditorías económicas públicas y que se garantice que se interrumpe el cobro de cuotas prohibido ya por el Decreto 293/1987. Mantienen, de igual modo, que deben hacerse cumplir los decretos que regulan la oferta y admisión del alumnado y que se acabe «de una vez por todas» con las irregularidades.
En materia de euskara han subrayado que les «cuesta entender la falta de valentía», dado que a su juicio el documento de bases «se queda corto al no apoyar el modelo de inmersión en euskera», al tiempo que continua profundizando en el modelo trilingüe «bajo la excusa del multilingüismo».
En ese sentido, Steilas ha afirmado que tienen claro que se debe "profundizar en el modelo de inmersión y, que además de medidas generales, se deben adoptar también medidas locales".
En ese sentido, han concluido que «si nos imponen una ley para no cambiar nada, tampoco cambiará la segregación y los problemas sociales derivados de ello, y por tanto seguirá sin haber paz social en torno a este tema en Euskadi».