Stop Desahucios Gipuzkoa ha denunciado este jueves la situación que vive Sukaina, sobre la que pesa una orden de desalojo del Gobierno de Lakua para que abandone el alojamiento adaptado en el que vive en Intxaurrondo. En principio, estaba previsto que se ejecutara el 28 de febrero.

Esta vecina donostiarra tiene un 83% de discapacidad y, desde el 1 de enero, percibe unos ingresos de 860,11 euros mensuales.

Un grupo de ciudadanas y ciudadanos, representantes de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU en el Ayuntamiento de Donostia y de Juntas Generales, de organizaciones sindicales y sociales, como LAB y Cáritas Altza-Larratxo, han manifestado su rechazo a la orden de desalojo concentrándose ante la delegación del Gobierno de Lakua en la capital guipuzcoana.

Más casos en Hernani y Eibar

La orden de desalojo contra Sukaina no es un caso aislado. Tal como ha señalado Stop Desahucios, es probable que en los próximos meses les ocurra lo mismo «a otras familias también vulnerables de los ADA de Hernani y Eibar, una vez que finalicen los seis meses de prórroga, con el argumento de que no se les ha reconocido el derecho subjetivo de acceso a una vivienda digna al sobrepasar los desfasados topes establecidos en junio de 2015 (Ley de vivienda vasca) de 9.000, 12.000 y 15.000 euros brutos para unidades familiares de 1, 2 y 3 o más miembros».

Este colectivo seguirá apoyando a todas las personas afectadas «para que no entreguen las llaves, sigan pagando la cuota y sigan viviendo en el ADA hasta que el Gobierno Vasco les adjudique otra vivienda de alquiler social».

En ese sentido, registrarán un nuevo escrito dirigido al consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, criticando sus argumentos para desalojar a inquilinas e inquilinos una vez concluidos los cinco años improrrogables de estos ADA, aunque todas son «personas vulnerables provenientes de las listas de Etxebide y con probadas necesidades de vivienda, por sobrepasar estos obsoletos topes y, por ello, impedir el acceso a otras familias un poco más pobres que ellos a estos alojamientos de 42 metros cuadrados de media».

Por ello, Stop Desahucios reitera que es necesario «actualizar» las citadas cifras de ingresos para que sean acordes con la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI), que desde el 1 de enero es de 14.000 euros anuales, o las pensiones mínimas estatales, que también superan «estos anacrónicos topes».

«Tenemos que recordar que el origen de estos ADAs, el primero fue el de Intxaurrondo, era ayudar a la emancipación de los jóvenes y por eso los solicitantes tenían que ser menores de 30 años, como lo era Sukaina. Posteriormente y ante la escasez de viviendas de alquiler social permanentes se han adjudicado a jubilados, ancianos de 83 años, familias con hijos menores, cuyo ejemplo son los afectados que nos acompañan en esta concentración», han explicado.