El Foro Social ha denunciado que, además de los tres casos conocidos de regresión de tercer a segundo grado (Unai Fano, Jon Crespo e Iñigo Gutiérrez) son decenas ya los casos de personas en segundo grado con permisos concedidos por las Juntas de Tratamiento Penitenciario que han sido anulados en la Audiencia Nacional.

En julio de 2021 se presentó en Donostia un informe monográfico de Behatokia, ‘Observatorio de la política penitenciaria aplicada a presos y presas de motivación política», relativo a los escollos que los itinerarios de reintegración están encontrando en la Audiencia Nacional. Entonces, el Foro Social ya apuntó que eran «situaciones o actitudes que suponen un claro riesgo de bloqueo en procesos que deberían ser fluidos puesto que encajan en los parámetros marcados por la legislación y reglamento penitenciarios».

En una nota, han subrayado que la secuencia se repiten en todos los casos: «Las Juntas de Tratamiento Penitenciario aprueban los permisos, en muchos casos por unanimidad, la fiscalía de la Audiencia Nacional recurre y la Sección Primera de la Sala de lo Penal falla denegando el permiso».

Tal y como destaca, en las medidas del tribunal «se observan claras posiciones involucionistas, actitudes de marcha atrás en algunas cuestiones que, hace menos de dos años, no suponían problemas». Además, resalta que «en ocasiones, se apoyan en cuestiones jurídicamente interpretables, pero en otros casos resulta evidente que se construyen sobre ciertas interpretaciones de las normas jurídicas que aparecen contrarias a Derecho».

Ante ello, el Foro Social ha mostrado su «temor» y «preocupación» a que esto se vaya a repetir «con la mayoría» de los ocho casos a los que el Gobierno de Lakua acaba de conceder su progresión a 3º grado.

«Desde el Foro Social Permanente hemos alertado en repetidas ocasiones de la influencia de un lobby contrario a estos cambios y medidas penitenciarias», señala. «Si bien debemos constatar que este lobby no ha conseguido sus objetivos en los pasos dados hasta el momento, sí se está produciendo una bunkerización del mismo en el ámbito de la Audiencia Nacional», han añadido. En ese sentido han censurado que estas posiciones van «en contra de la apertura de nuevos tiempos, que buscan frenar procesos que se derivan de una aplicación normalizada de la legislación penitenciaria ordinaria».

Por ello, y subrayando «el respeto absoluto al dolor de las víctimas, de todas las víctimas», han reclamado «consensos institucionales, políticos, sindicales y sociales» para la «reintegración» de estas personas presas «previstos en la legislación ordinaria, sin requisitos añadidos en sus procesos, descartando definitivamente la imposición de artículos introducidos en momentos históricos afortunadamente superados».