Este mediodía, PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem registraban en el Parlament una propuesta de modificación de la Ley de Política Lingüística de 1998 que preveía garantizar el uso del castellano en las aulas, como exige el Tribunal Supremo español, y que el catalán siga siendo lengua vehicular, dando margen a los centros educativos para concretar sus proyectos lingüísticos.

El acuerdo llegaba un día antes de que venza el plazo para cumplir la sentencia judicial del Supremo que obliga a impartir al menos un 25% de las clases en castellano.

De entrada, la propuesta –de la que en principio se han quedado fuera la CUP, además de Vox, Ciudadanos y el PP– modifica el artículo 21 de la Ley de Política Lingüística: el catalán, como «lengua propia de Catalunya», se sigue considerando como la «lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje» en el sistema educativo, pero también se establece que el castellano debe ser usado «en los términos que fijen los proyectos educativos de cada centro».

Dominio escrito de los dos idiomas

Para asegurar el «dominio oral y escrito del catalán y el castellano al final de la enseñanza obligatoria», añade la propuesta de modificación legislativa, «la enseñanza de las lenguas oficiales y en las lenguas oficiales debe tener garantizada una presencia adecuada en los currículos y en los proyectos educativos de centro».

«La determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza debe tener en cuenta la situación sociolingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito, de acuerdo con los instrumentos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas», plantea la propuesta, que los grupos impulsores quieren que sea tramitada en lectura única y por el procedimiento de urgencia extraordinaria en el Parlament.

Se establece que no es posible «expedir el título de graduado en educación secundaria a ningún alumno que no acredite que tiene los conocimientos orales y escritos de catalán y de castellano propios de esta etapa».

También hay una referencia a los alumnos de Val d’Aran, que «tienen el derecho y el deber de conocer con suficiencia oral y escrita la lengua propia de este territorio al finalizar la educación obligatoria».

La enseñanza de y en aranés, además del catalán y el castellano, «debe tener garantizada una presencia adecuada en los currículos y en los proyectos educativos de centro».

«Una realidad socialmente plurilingüe»

En un comunicado conjunto, PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem destacaban que su propuesta de modificación de la Ley de Política Lingüística debe permitir «garantizar el dominio de las lenguas oficiales, con el catalán como centro de gravedad del sistema educativo».

Subrayaban que esta nueva regulación «pone el énfasis en el hecho de que los proyectos lingüísticos se basarán en los resultados de las evaluaciones del alumnado en las lenguas oficiales, partiendo de la autonomía de los centros educativos y de su adaptación a la situación sociolingüística».

Así, asumían que «la escuela catalana se ha transformado desde muchos puntos de vista en una realidad socialmente plurilingüe, que ya no se basa únicamente en el modelo de clase magistral y libre de texto, sino que está en proceso de transformación hacia un modelo educativo mucho más participativo y abierto al mundo».

Junts se descuelga y ERC le acusa de «irresponsable» 

Sin embargo, horas después, Junts ha anunciado que ha dado marcha atrás. Tras una reunión en los despachos del grupo parlamentario en la que sectores del partido han hecho constar su malestar, la formación ha emitido un comunicado «urgente» en el que señala que, «ante el rechazo que la propuesta» de acuerdo ha generado «entre las entidades defensoras de la lengua y de la comunidad educativa», ha decidido trasladar a los grupos en el Parlament la «necesidad de encontrar un imprescindible consenso mayoritario con las entidades y la comunidad educativa».

«Desde hoy mismo, nos ponemos a trabajar con estas entidades para construir este nuevo consenso, indispensable para avanzar en la tramitación de la proposición parlamentaria», ha indicado.

ERC no ha tardado en responder y ha acusado a Junts de «dinamitar» el acuerdo.

En un comunicado, ha asegurado que se trata de un acuerdo «trabajado, negociado y transaccionado» durante días y ha tachado la rectificación de Junts de partidista.

«El acuerdo al que hemos llegado este jueves es sólido y es lo más razonable para garantizar el modelo y la enseñanza en catalán. Y ahora esto se quiere poner en peligro», han argumentado los republicanos, que se han mostrado sorprendidos porque en tan solo unas horas, Junts haya podido descolgarse, según ellos, de lo que consideran un buen acuerdo, de consenso, que defiende el catalán y la inmersión lingüística.

«Es una irreponsabilidad actuar de este modo. La defensa del catalán ha sido y es una cuestión de país. Y para ERC siempre lo será», han agregado.

La CUP reclama la retirada de la propuesta

Por parte de la CUP, y antes de que JxCat se desdijera, el parlamentario Carles Riera reclamaba la retirada inmediata de la proposición de ley presentada por PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem, a los que ha invitado a sumarse a la iniciativa presentada por su formación, que plantea el catalán como única lengua vehicular.

Riera ha afirmado que ese acuerdo es «un pacto contra la inmersión lingüística, al que con toda normalidad se podría sumar Ciudadanos», y considera que sitúa el castellano como lengua vehicular al mismo nivel que el catalán.

«Este era el objetivo de Cs, y ERC, Junts, PSC y Comuns lo hacen suyo», ha lamentado, añadiendo que esa iniciativa parlamentaria va en contra de un consenso mayoritario de la sociedad y de la comunidad educativa. Riera ha llamado a una respuesta social «amplia y masiva» que les obligue a retirar la proposición.

También ha afirmado que esta iniciativa se ha aprobado «con el visto bueno del Govern» y no se ha contado con la CUP para debatirla, algo que considera sintomático, porque sabían que no la respaldarían.