El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha exigido a las instituciones públicas la adopción de medidas «radicales, eficaces y urgentes» para garantizar a la población desfavorecida, pensionistas incluidos, el acceso a la electricidad. En su opinión, como servicio «esencial», la energía debe estar «bajo control público y no al servicio del oligopolio eléctrico», cuyos beneficios récord crecieron en 2021 un 23% pese a que el consumo descendió un 6%.

El colectivo ha expresado su malestar público y mostrado su rechazo a la actual escalada de precios del recibo de la electricidad con una concentración ante la Torre Iberdrola, sede en Bilbo de la eléctrica vasca.

Durante la concentración, sendos representantes del movimiento han leído un comunicado, en euskara y castellano, donde han explicado que, con esta protesta, han querido denunciar que el incremento del precio de la energía y de los alimentos «está afectando de manera dramática a las miles de personas que gastan todos sus ingresos en el consumo de estos productos básicos», ha leído Andrea Uña.

Tras apuntar que solo en febrero, el IPC ha aumentado hasta el 7,6%, han recordado que, si en 2020, el 27,3% de las pensiones «estaban por debajo del umbral de la pobreza (688 euros), y más de la mitad no llegaban a los mil euros», temen que, tras la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones del 3% acumulada en 2021, «y la que se producirá este año, esta situación de pobreza se multiplique», han advertido.

En este punto, han incidido en que, mientras pensionistas y ciudadanía en general están padeciendo esta situación, «los beneficios empresariales se multiplican».

Así, han recordado que las eléctricas Endesa, Iberdrola, Naturgy aumentaron sus beneficios un 23% el año pasado, aunque el consumo descendió un 6%, con lo que alcanzaron «la cifra récord de beneficios de 6.000 millones de euros», han criticado.

Desde su perspectiva, estas cifras evidencian que este «oligopolio eléctrico, junto con el de los carburantes, decide de facto la fijación de precios y la política de energía de los gobiernos».