La causa por la liberación del periodista vasco Pablo González ha llegado este miércoles a las puertas del Congreso, cuando se cumple un mes de su detención en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania. Bajo un cielo nublado que amenazaba con más lluvia (hace casi dos semanas que en Madrid no se ve el sol), diputados de fuerzas soberanistas y de izquierdas han posado en las escaleras de la puerta central de Las Cortes para darle más eco a la situación irregular que vive el periodista.

Sin representantes del arco de la derecha española ni del PSOE, sí estuvo presente un diputado de una de las dos fuerzas del Gobierno de coalición: Antón Gómez-Reino, de Unidas Podemos. El resto han sido legisladores de ERC, PNV, EH Bildu, Junts per Catalunya, la CUP, Más País, Compromís y el BNG.

El acto ha comenzado pasadas las 12.30 del mediodía, al comienzo con cierta confusión porque se sucedían a la vez otras dos demostraciones frente a la denominada Puerta de los Leones del Congreso: por un lado, en frente, una treintena de activistas se manifestaban en contra del cambio de posición de Moncloa con respecto al Sáhara, mientras que también a pocos metros había una convocatoria de partidos catalanes por la oposición al tendido de una línea de alta tensión.

Finalmente, los diputados han exhibido carteles blancos con la foto del periodista detenido, la consigna #FreePablo y abajo de ella la frase «^or la libertad de información, derechos para Pablo González».

En conversación con Naiz, el diputado Jon Iñarritu (EH Bildu), quien ha tenido la idea de la convocatoria, ha dicho que «más allá de la actividad consular, lo que tiene que hacer el Gobierno es denunciar políticamente una anormalidad en términos democráticos, que es que un estado miembro de la Unión Europea tenga detenido [a González} hace más de un mes sin contacto con su familia ni con su abogado».

«Creemos que el Gobierno del Estado debería elevar una queja ante las autoridades polacas», ha subrayado, para añadir que la ausencia de representantes del PP y del PSOE en este acto demuestra que «quieren mirar hacia otro lado para no incomodar a Polonia. Es un país que se está llevando todos los reconocimientos de los estados miembros por la recogida de los refugiados ucranianos, y como Pablo tiene también la nacionalidad rusa, puede ser que haya un componente de sospecha».

Acusación «kafiana» e «impensable en Europa»

«Pedimos al Gobierno que actúe ya, no solamente a nivel consular sino también políticamente ante esta anormalidad democrática», ha insistido. Preguntado sobre si se organizarán más iniciativas de este tipo, ha respondido: «Espero que no hagan falta porque supondrá que se haya acabado la excepcionalidad que se tiene con Pablo. Cuando llegue el juicio no me cabe duda que él demostrará que todas las acusaciones son un sinsentido, se trata de acusaciones kafkianas».

Por otro lado, también preguntado por NAIZ el diputado Joan Baldoví (Compromís) ha dicho que su presencia es «para que tenga el eco suficiente esta situación, que se vea que se está cometiendo una anomalía impensable en Europa».

«En definitiva, la Unión Europea tiene que tomar cartas en el asunto. Este periodista no puede estar en estas condiciones tantos días allí y por tanto esto tiene que tener una solución. Si podemos amplificar el conocimiento del problema, encantados”» ha señalado. Sobre la posición del Gobierno Sánchez frente al caso de González, ha lamentado que ha querido «mirar para otra parte».

Hace ya más de un mes, el 28 de febrero, González era detenido en la ciudad polaca de Przemysl, cerca de la frontera de Ucrania. Desde entonces, permanece encarcelado e incomunicado bajo la acusación de ser «un espía ruso» en la prisión de la ciudad de Rzeszów.

Incomunicación y acusación

En este período, los allegados de González no han tenido posibilidad de comunicarse con él. Tampoco ha podido mantener contacto alguno su abogado de confianza, Gonzalo Boye. La asistencia letrada al periodista vasco se ha limitado a la designación de una abogada de oficio que posteriormente renunció sin ni siquiera reunirse con González, tras lo que fue sustituida por otra abogada de oficio.

En una comunicación del Gobierno polaco del 4 de marzo, se acusa a González de ser «un agente» de los Servicios de Inteligencia rusos y de realizar actividades para este órgano «utilizando su estatus periodístico». La acusación de espía puede suponer una pena de hasta diez años de cárcel según el Código Penal polaco. Sobre González pesa una comunicación de prisión provisional de tres meses, que debería concluir el 29 de mayo. Posteriormente tendría que celebrarse una vista sobre las acusaciones contra el periodista vasco.

La Sala II de lo Penal del Tribunal de Rzeszów se basa en el hecho de que González tiene un pasaporte español y otro ruso (debido a que nació en Rusia y tiene documentación rusa con un nombre ruso) para justificar el auto de prisión temporal y las acusaciones de «espionaje». Antes de ser detenido en Polonia, en un viaje anterior, González ya fue retenido por agentes ucranianos cuando desarrollaba su labor de periodista. Asimismo, agentes del CNI español han visitado a sus allegados.