El Estado español ha defendido que la justicia belga no puede cuestionar la competencia del Tribunal Supremo español para emitir las euroórdenes contra los líderes independentistas catalanes, en la vista que se celebra este martes en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

«Es ilógico y absurdo que el país de ejecución controle la aplicación procesal de las normas de competencia del país emisor», ha argumentado el fiscal Fidel Ángel Cadena Serrano durante su intervención, que ha abierto la vista en la sede del TJUE en Luxemburgo. Cadenas fue uno de los 4 fiscales del TS que mantuvo la acusación por rebelión contra los líderes independentistas catalanes.

La Gran Sala del TJUE, compuesta por 15 jueces, analiza las preguntas que le planteó el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena después de que el Tribunal de Apelación de Bruselas rechazara entregar el año pasado al exconsejero catalán Lluís Puig, por entender que es el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya quien debe asumir la causa del 1-O.

La justicia belga descartó también la extradición al considerar que el Estado español puede violar los derechos fundamentales de Puig, especialmente la presunción de inocencia, en base al informe que publicó en 2019 el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria.

Un argumento, este último, que también rechazó Cadena Serrano, al explicar que «la mera existencia del informe no constituye un dato objetivo». «Cuando el Tribunal Constitucional ha destacado respecto» a los 9 políticos condenados en 2017 «que ninguna vulneración de derechos fundamentales ha existido (...) evidentemente se desmantelan por completo los argumentos de ese grupo de trabajo», ha asegurado el fiscal.

A la vista han acudido también los abogados de Puig y el president Carles Puigdemont, así como representantes de Bélgica, Polonia y Rumanía, estos dos últimos posicionados al lado del Estado español.

Bruselas avala las euroórdenes

La sentencia del TJUE, que no emitirá este martes, tendrá un impacto directo sobre el futuro judicial de Puigdemont, cuya euroorden analizan los mismos jueces que estudiaron el caso de Puig.

La Comisión Europea ha apoyado la posición del Estado español contra los motivos para rechazar la euroorden, incidiendo en que el país no registra problemas sistémicos, por lo que considera que no cabe alegar una posible vulneración de derechos para no entregar a Lluís Puig, en un caso que afecta también al futuro judicial de Puigdemont.

Julio Baquero, del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, ha expuesto que no hay lugar a alegar el riesgo de vulneración de derecho al no haber deficiencias sistémicas. «En la medida en la que no hay deficiencias sistémicas o generalizadas tampoco habrá riesgo futuro», ha argumentado, apuntando que no es necesario examinar el riesgo particular que sufren Puigdemont y los exconsellers.

Por su parte, Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont y de varios exconsellers, ha defendido ante el TJUE que Pablo Llarena usa las euroórdenes de forma política y pretende encarcelar a los líderes independentistas «sin juicio, durante meses y años» impidiéndoles realizar su actividad parlamentaria.

En la vista ante la Gran Sala del TJUE para examinar la cuestión prejudicial remitida por Llarena para aclarar el alcance de las euroórdenes que dictó contra Puigdemont y varios de sus exconsellers, Boye ha afirmado que sufren una «persecución infame» por motivos políticos.

Así, el letrado ha expuesto que sus defendidos se han enfrentado a tres peticiones de entrega por los mismos hechos. «Llarena ha ido emitiendo y retirando las euroórdenes por motivos estratégicos y políticos. Esto suscita dudas sobre el derecho de libertad y libre circulación», ha defendido.

Según Boye, se trata de una actuación desproporcionada que el exconsejero Lluis Puig se pueda enfrentar a una cuarta petición de entrega.

El abogado general, el 14 de julio

El abogado general de la Unión Europea dará el 14 de julio su opinión sobre si Bélgica puede cuestionar la competencia del Tribunal Supremo para emitir las euroórdenes contra los líderes del procés y si la justicia de ese país argumentó correctamente que en España se violan los derechos fundamentales.

Así lo ha asegurado hoy el propio abogado general, Jean Richard de la Tour, al término de la vista que se celebró hoy en la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE.