El despacho contratado por la Conferencia Episcopal para que investigue durante un año denuncias de abusos sexuales a menores en la Iglesia española ha recibido menos de 50 denuncias en las primeras seis semanas de auditoría.

Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el presidente de la firma, Javier Cremades, que ha dado a conocer la lista de los 28 miembros del grupo de trabajo que lleva a cabo la auditoría.

Entre ellos se encuentra el portugués Pedro Strecht, el psiquiatra infantil que es además el coordinador de la comisión creada por la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) para investigar los abusos sexuales. También colaborará la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, que elaborará un informe sobre la experiencia de las víctimas, o el periodista Juan Luis Cebrián, que hará un informe sobre la dimensión de la comunicación social.

Cremades ha detallado que en estas seis semanas se han reunido con varias víctimas y con la mayoría de las asociaciones «con humildad y responsabilidad», con el objetivo de entender la verdad, y ha dicho que todas ellas tienen abiertas las puertas de este grupo de trabajo.

Ha destacado que la escucha de los testimonios «ha tenido un impacto hondo en la propia concepción del problema, que hoy es distinta a la de hace seis semanas».

«Es fácil decir que las víctimas van a estar en el centro, pero es muy difícil enfrentarse al testimonio de una persona que ha sufrido abusos sexuales por parte de personas que deberían haber trabajado por su propia construcción psíquica y emocional», ha lamentado Cremades.

Indemnizaciones

En cuanto a las posibles indemnizaciones de carácter económico que puedan recibir las víctimas, Cremades ha advertido de que esto no les corresponde a ellos, sino a la Justicia, que determinará si debe haber una compensación económica, y ha reconocido que una de las grandes preguntas que quedan por resolver es cómo se va a afrontar institucionalmente la reparación en términos económicos.

El presidente de la firma ha confiado en que podrán tener acceso a los archivos de la Iglesia, ya que así se lo han trasladado desde esta institución, aunque ha dicho que también necesitarán los datos que puedan aportar las asociaciones de víctimas.

Ha asegurado que hay un cambio de actitud en la Iglesia que se ha visto en estas últimas semanas, cuando desde la Conferencia Episcopal se ha dado a conocer la existencia de 506 denuncias de abusos canalizadas a través de las oficinas de las diócesis, aunque ha reconocido que «falta claridad» en los datos.

«Espero que dentro de 11 meses podamos hacer un mapa completo» de los casos de abusos en la Iglesia católica, ha dicho Cremades.

Sobre las críticas expuestas por la Asociación Infancia Robada (Anir), que ha denunciado la elección de este despacho de abogados por la vinculación con el Opus Dei de Cremades, éste ha reconocido que no podrán hacerlo siempre bien y al gusto de todos.

«Comienzo de reparación»

No obstante, ha asegurado que las víctimas con las que han hablado individualmente les han trasladado su agradecimiento, ya que la mera escucha, «si se hace de manera adecuada, ya es un comienzo de reparación».

Entre los expertos que participarán en la auditoría están los abogados Martin Pusch y Ulrich Wastl, de la firma Westpfahl Spilker Wastl (WSW), que fue la que llevó a cabo la investigación de los casos de pederastia en la diócesis alemana de Múnich.

Hay representantes de firmas legales de distintos países, como el abogado argentino especialista en abusos sexuales en la Iglesia, Juan Pablo Gallego; la expresidenta de la asociación de abogados American Bar Association, Patricia Lee Refo, o la jefa del departamento de menores del despacho británico Dawson Cornwell y experta en sustracción internacional de menores, Carolina Marín, entre otros.

La contratación de este despacho de abogados para que haga una auditoría sobre las denuncias de abusos a menores en su seno fue la reacción de la Conferencia Episcopal después de que en el Congreso español de los Diputados Unidas Podemos, ERC y EH Bildu apoyaran la propuesta para encargar al Defensor del Pueblo la investigación de los citados abusos, que se hará «con luz y taquígrafos» y contará con una «auténtica Comisión de la Verdad».