![Llegada de Kote Cabezudo al juzgado durante una de las 18 jornadas que llevamos de juicio.](/media/asset_publics/resources/000/881/934/article_main_landscape/KOTE_CABEZUDO.jpg)
En la décimo octava sesión de este juicio, que se viene desarrollando en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa desde el pasado 7 de marzo, el letrado de la acusación particular, Mario Díez, que solicita 2.627 años de prisión para el acusado, ha defendido que los hechos juzgados no están prescritos, algo que «ya fue valorado en la instrucción».
El letrado ha rechazado que este sea un procedimiento de «carácter moral», ya que no se juzga a Cabezudo por ser «una especie de Don Juan que aprovechaba su situación para aceptar ofrecimientos, incluso de menores», sino que de la «infinidad de pruebas videográficas y fotográficas» existentes se desprende que «no hay voluntad en lo que ocurrió y que era documentado por el acusado».
Díez ha incidido en que Cabezudo se valía de su «apariencia de profesionalidad y prestigio» para que las menores firmaran «contratos con el diablo», ya que luego «sabía cómo llevarlas al desnudo» y que una vez «atadas» iba tomando imágenes cada vez «más comprometedoras» de ellas, por lo que se encontraban en «situación de vulnerabilidad».
A su juicio, las sesiones «tenían como objetivo el abuso sexual» y, además, sus imágenes «siempre tienen como objetivo aniñar todavía más a las modelos», a las que hacía posar «con triciclos, muñecas… Incluso cuando toma fotografías de mayores de edad busca un contenido que lo haga parecer infantil».
La agencia de prestigio
El letrado ha sostenido que las presuntas víctimas vivían «con miedo, aterrorizadas» ante la posibilidad de que «el fotógrafo de la agencia de prestigio de la ciudad, que manejaba un contexto que lo hacía muchísimo más intimidante para sus víctimas», publicara las fotografías y vídeos.
Mario Díez ha relatado que con la llegada de internet Cabezudo vio que «hay una línea de comercialización de los abusos que perpetra con estas menores» y comienza a difundir los vídeos y fotografías, mientras sus presuntas víctimas sienten que él «está blindado» por los contratos que han firmado. «Ellas pensaban que, si denunciaban, quién las iba a creer y ese ‘quién me va a creer’ lo viven muchos años en el procedimiento judicial, también una vez que han denunciado».
Ha recordado, en ese sentido, que una vez iniciado el procedimiento el acusado ha tenido «hasta cinco sentencias condenatorias por represalias» contra las denunciantes, lo que ha achacado a su «absoluto blindaje».
Tras el informe de Díez y el que presentó ayer lunes la Fiscalía, está previsto que la vista oral llegue este miércoles a su jornada final con el informe de la defensa y el ofrecimiento al acusado de su derecho a ejercer la última palabra, tras lo que el juicio quedará visto para sentencia.
No obstante, concluido este trámite tendrá lugar una vistilla sobre la condición de prisión provisional en la que se encuentra el acusado, que está próximo a cumplir los cuatro años que constituyen el tope máximo para mantenerse en esta situación.
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