El lehendakari del Gobierno de Lakua, iñigo Urkullu, ha calificado este martes como «de extrema gravedad» las informaciones sobre el espionaje a líderes institucionales y políticos mediante el sistema Pegasus.

«Estas revelaciones, de ser ciertas, constituirían una grave intromisión tanto en la privacidad como en el sistema institucional y político. Por lo tanto, es necesaria una clarificación transparente y completa para que este tipo de situaciones no pueda producirse en un Estado de Derecho», ha señalado Urkullu.

«Espiar a quien piensa de forma diferente, que es lo que revelan las informaciones publicadas, constituye un ataque a los principios de un sistema democrático con garantías», ha añadido el lehendakari de la CAV.

El PNV también ha considerado «de extrema gravedad» las informaciones sobre el espionaje a representantes políticos catalanes y vascos y ha opinado que «obligan al Gobierno español» a aclararlas.

Tras lo publicado el lunes por ‘The New Yorker’, la formación jeltzale ha opinado en Twitter que los hechos revisten «una gravedad extrema y obligan al Gobierno español a aportar de manera urgente toda la información disponible».

Además, ese partido ha anunciado que «secundará las iniciativas destinadas» a esclarecer lo sucedido.

EA: «La punta del iceberg»

Desde Eusko Alkartasuna han exigido este miércoles a Pedro Sánchez «explicaciones con luz y taquígrafos» sobre este affaire.

El secretario de comunicación de Eusko Alkartasuna, Asier Gómez Barrenetxea, ha considerado que la confirmación de esta trama de espionaje político es un ataque a derechos fundamentales. «Se están atacando derechos fundamentales, individuales y colectivos, para perseguir a la disidencia política», ha resumido.

Gómez Barrenetxea ha criticado duramente la comparecencia que el martes realizó la ministra y portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez. «Es un escándalo que la portavoz del Gobierno de España diga que no tienen nada que ocultar y acto seguido se niegue a dar información en base a la ley de secretos oficiales franquista aún en vigor».

«Esto es solo la punta del iceberg –añade ELA–. En España se ha espiado y se sigue espiando a la disidencia política con total impunidad. Esto demuestra que las cloacas del Estado siguen funcionando a pleno rendimiento también con el Gobierno de Pedro Sánchez».

ELA: «Extremadamente grave»

Por su parte, ELA considera «extremadamente grave» la información emanada de la investigación de Citizen Lab. Estima «inadmisible que representantes políticos y militantes de la sociedad civil sean sometidos a procedimientos de espionaje que, en democracia, deben estar estrictamente reservados para la lucha contra el crimen y esto con las debidas garantías judiciales».

«Esta práctica demuestra la nula raigambre democrática del Estado español, déficit que no se corrige cuando fuerzas pretendidamente progresistas alcanzan posiciones de gobierno, como sucede en la actualidad. El Gobierno Sánchez debe comparecer ante el Parlamento para rendir cuentas sobre el contenido de la denuncia, debe depurar responsabilidades políticas y debe poner en conocimiento de la justicia los detalles de que disponga sobre estas prácticas de tinte orwelliano».

Añade en su nota que «lo revelado evidencia una situación de enorme vulnerabilidad para las personas militantes y para organizaciones de la sociedad civil que, como ELA, precisan para su desempeño de marcos garantes de las libertades y derechos fundamentales».