Los diputados y diputadas Albert Botran (CUP) del GP Mixto, Jon Iñarritu del GP Euskal Herria Bildu, Miriam Nogueras (JXCAT) y Ferran Bel (PDECAT) del GP Plural han remitido una carta a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en la que le dan cuenta del espionaje sufrido y le piden «amparo», «una investigación» y «medidas» para que no se vuelva a repetir.

Cabe señalar que los aparatos espiados, en varios casos, son los repartidos por el propio Congreso de los Diputados a sus miembros y que, supuestamente, tenían importantes garantías de seguridad.

En su carta a la presidenta, los diputados y diputadas espiados señalan que «como miembros de las Cortes Generales, consideramos que no solamente se nos habrían vulnerado nuestros derechos fundamentales, a cuya protección sirven nuestras prerrogativas parlamentarias, al vulnerarse las garantías para poder hacer un trabajo político en libertad».

Añaden que «la libertad de expresión, la inviolabilidad de las comunicaciones, la intimidad, la libre formación de la voluntad política y la libre expresión de la misma han quedado gravemente comprometidas y amenazadas. Con ellas, el pluralismo político y la democracia».

«De hecho, –apuntillan– habida cuenta de las relaciones políticas que se mantienen por parte de estos grupos con el resto de las fuerzas políticas, indirectamente este caso de espionaje ha supuesto un ataque a todo el Congreso de los Diputados y a su funcionamiento efectivo».

Y destacan que «la inviolabilidad de la Cámara (Art. 66.3 CE) es una garantía institucional que es condición necesaria para asegurar la independencia del Congreso de los Diputados».

Los cuatro diputados y diputadas escriben a Batet que «ante este ataque a nuestra actividad política y a nuestros derechos fundamentales, solicitamos amparo a la Presidencia y le instamos a investigar quién está detrás de esta intrusión en nuestros dispositivos telefónicos y a tomar las medidas oportunas para que un hecho similar no se pueda volver a producir».

Esteban se siente espiado

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, aseguró ayer en una entrevista «no tener ninguna duda» de que en alguna ocasión también él ha sido víctima de pinchazos telefónicos. Además, añadió que es «difícil de pensar» que las escuchas con Pegasus a representantes políticos del Estado fueran autorizadas judicialmente.

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, el dirigente jeltzale dijo estar preocupado por este caso, pese a que «todos» han tenido «la sensación de haber sido espiados de una manera u otra en momentos puntuales, calientes, de la política española».

Abogados europeos

La asociación de Abogados Europeos para la Democracia y los Derechos Humanos, con miembros individuales y organizativos en 22 países europeos, hicieron público un comunicado en el que afirman estar «alarmados por el hecho de que en los últimos años se han producido graves violaciones de las libertades civiles y los derechos humanos» a través de este espionaje. Se suman a las exigencias de Amnistía Internacional.

El Gobierno intenta salir de un doble embrollo

El Gobierno de Pedro Sánchez busca vías para salir del doble lío en el que se encuentra metido. Por un lado, el escándalo democrático que supone el propio espionaje a políticos, que heredó del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Y, por otro, conseguir que los grupos espiados, que en buena medida son sus socios, no pongan en jaque la legislatura, lo que tendrá un primer examen con el decreto de medidas anticrisis que se votará este jueves en el pleno del Congreso.

Las propuestas anunciadas por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, entre ellas abrir un «control interno» del CNI, «desclasificar» documentos y constituir en breve la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, son consideradas insuficientes por los afectados, por la Generalitat de Catalunya y también por otros grupos como el PNV.

Para la elección de los miembros de la Comisión de Secretos se precisa ahora de un apoyo de tres quintos de los diputados y PP y Vox se oponen a la presencia de independentistas en la misma. Ese número está recogido en una resolución de la Cámara y no en el reglamento, por lo que hoy mismo la presidenta, Meritxell Batet, podría presentar algún tipo de cambio.

Además, el Gobierno cuenta con su propia Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia y ERC ha preguntado si Pablo Iglesias, cuando formó parte de ella y Yolanda Díaz, ahora, han tenido conocimiento de este espionaje.