Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts per Catalunya, PdeCAT, CUP, Mas País, Compromís y BNG han exigido al Gobierno español que actúe «de manera inmediata para investigar y aclarar, tanto política como judicialmente», el espionaje al que han sido sometidos decenas de políticos y militantes soberanistas, «asumiendo y depurando para ello todas las responsabilidades políticas que se deriven de tal investigación».

Así lo recoge una declaración conjunta en la que piden «al conjunto de los grupos parlamentarios del Congreso y especialmente al Grupo Socialista, que permitan la creación de una comisión de investigación que avance en el esclarecimiento sobre este caso, que rinda cuentas con la ciudadanía y las Cortes de forma transparente y con responsabilidad frente a la gravedad de lo conocido hasta ahora».

Asimismo, exigen a la Mesa del Congreso y a su presidenta, Meritxell Batet, que «tome todas las medidas oportunas para garantizar los derechos de los cuatro diputados afectados por Pegasus, así como que inicie una investigación interna para poder conocer el alcance real de los posibles casos de espionaje a diputados y diputadas de esta Cámara».

«Desde el momento en el que sabemos que se ha espiado a cinco diputados, algunos de ellos portavoces de sus fuerzas políticas, podemos afirmar que la seguridad del Congreso ha quedado comprometida dado que el espionaje con Pegasus no se circunscribe a las personas cuyos terminales han sido afectados sino a todas las personas que tengan contacto con éstas», añaden.

E instan a todas las fuerzas políticas democráticas, así como a los agentes sociales y sindicales y a la ciudadanía en su conjunto, «a denunciar enérgicamente este escándalo y exigir su investigación y aclaración como única forma de salvaguardar los derechos y libertades básicas que a todos y todas nos asisten».

«Todas las ideas democráticas deben poder defenderse en libertad y con garantías, asegurando para ello los derechos civiles y políticos de todas las personas independientemente de su adscripción política. Hoy, el estado español está sumido en la sospecha de llevar a cabo prácticas más propias de regímenes autoritarios que de una democracia europea», remarcan, y advierten de que «el uso antidemocrático y sistemático del espionaje como arma política contra el adversario político es un método que no debe tener cabida en un estado que se dice democrático».

No obstante, recuerdan que «han sido numerosos los casos conocidos de espionaje político llevados a cabo por el Estado español bajo diferentes gobiernos».

En este sentido, inciden en que «hace ya dos años que se dio a conocer la situación de espionaje a distintos políticos catalanes, entre los cuales se encontraban el que fuera presidente del Parlament de Catalunya así como dos diputados de la Cámara. Ahora se ha demostrado que este era un caso a gran escala, el mayor acreditado de espionaje con Pegasus a nivel europeo, un escándalo mayúsculo que ataca directamente la democracia y el derecho básico a la libertad de expresión y participación política».

«Quiebra de confianza»

Cabe señalar que lo ocurrido puede poner en serios apuros al Gobierno de Pedro Sánchez, ya que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha aseverado que lo sucedido condicionará su voto en el Congreso para cualquier otro asunto, incluido el decreto de medidas anticrisis que se vota el jueves, por lo que espera explicaciones contundentes en las próximas 48 horas, ya que «el único idioma que entiende el PSOE es tumbarle la agenda legislativa».

En la misma línea se ha pronunciado Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, que ha alertado de «una quiebra de confianza que puede abrir un abismo» entre el Gobierno español y los grupos parlamentarios soberanistas y de izquierdas.

Ha advertido de que el asunto es tan grave como para que modifique toda la agenda legislativa a partir de ahora, incluido el decreto que se vota el jueves, sobre el que en su grupo harán un «análisis global» antes de decidir el sentido de su voto.

Íñigo Errejón, líder de Más País, ha denunciado que es «la tercera vez en tres meses en los que la legislatura se tambalea», tras la reforma laboral y el giro sobre el Sáhara.