El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha tenido que superar sus resistencias, asumir lo que recoge el Reglamento del Parlamento y facilitar al parlamentario Julen Arzuaga el protocolo para efectuar detenciones de la Ertzaintza.

A raíz de unas informaciones sobre actuaciones de la Policía autonómica que estaban siendo objeto de investigación judicial, el parlamentario de EH Bildu solicitó al Departamento de Seguridad la última versión de la instrucción que regula las detenciones que efectúa la Ertzaintza, teniendo en cuenta que «la detención tiene que practicarse de una manera regulada, desde parámetros de eficacia y protegiendo los derechos de la persona detenida».

El consejero, Josu Erkoreka, le respondió que «las órdenes de servicio solicitadas están calificadas como ‘confidenciales’, por lo que requiere una protección en cuanto a su disponibilidad, no pudiendo ser difundidas fuera de la organización policial».

Pese a ello, añadía que «en aras de intentar conjugar los valores en juego con el derecho que le asiste como parlamentario, se le facilita la exhibición de la documentación requerida en las dependencias administrativas del Departamento de Seguridad, sin extraer una copia de la misma, al amparo de lo dispuesto en el art 11.3 del Reglamento del Parlamento vasco».

Artículo 11.3 del Reglamento

Pero al parecer, Josu Erkoreka, que además de consejero, tiene títulos de profesor de Derecho Administrativo y letrado de los servicios especiales del Gobierno, se había quedado en alguna versión superada del Reglamento parlamentario.

Según publicó GARA el 25 de marzo, el artículo 11.3 del Reglamento del Parlamento vigente en la actualidad, recoge textualmente que «si por la índole de la documentación solicitada o por la normativa vigente no se pudiera facilitar copia de aquella, la Administración podrá sustituir su envío por el acceso de la parlamentaria o parlamentario a las dependencias administrativas. En tal caso, la parlamentaria o parlamentario podrá tomar las notas y obtener las copias de los documentos que estime oportunas».

Es decir, en contra de lo expuesto por el consejero, todo parlamentario tiene derecho no solo a tomar notas sino a que se le entreguen los documentos solicitados a través de los cauces reglamentarios pertinentes.

Pero en contra de esto, este diario ha sabido que no solo el Departamento de Seguridad, sino también otras consejerías del Gobierno, han obligado a parlamentarios a leer los documentos solicitados vigilados y sin poder tomar notas, ni fotos, ni ningún tipo de testimonio gráfico de ellos.

Aprietos en el pleno

El pasado 1 de abril, en un pleno del Parlamento, Julen Arzuaga le preguntó al consejero por qué se pretende ocultar las reglas de la Ertzaintza para efectuar sus detenciones. El consejero le repitió que tiene la «posibilidad de verlas en nuestras dependencias como prevé la ley y como prevé el reglamento. Dejando siempre claro que no se puede sacar copia», como ha hecho en otras ocasiones.

El parlamentario se aferró al Reglamento y anunció que acudiría al Departamento y que esta vez «espero que me dé copia con el apoyo del Reglamento» y «si no me deja, estudiaremos qué medidas tomar».

La respuesta del consejero se volvió algo nerviosa y trastabillada, apuntado que «aplicaremos rigurosamente no solamente el Reglamento de la Cámara, sino también las resoluciones dictadas por la presidencia en relación con estas cuestiones. No se preocupe. Se le permitirá hacer lo que está establecido en los protocolos internos de la Ertzaintza,  ntentando conciliar siempre la responsabilidad que tengo y que tiene el Departamento para asegurar y garantizar los derechos fundamentales y las libertades de las personas, con su derecho también a acceder a la información administrativa en los términos estrictos en los que ésta está permitida y es lícita, en el Reglamento y las resoluciones».

GARA ya apuntó en aquel momento que era difícil saber a qué resoluciones de la Presidencia de la Cámara se refería el consejero, puesto que a las siete recogidas en el último texto refundido del Reglamento del Parlamento no hay ninguna que haga mención a esta materia.

Julen Arzuaga acudió ayer a revisar la documentación solicitada y en cuanto llegó tenía a su disposición una copia de lo que se supone que es la última revisión de la orden de servicio que regula la práctica de las detenciones. Se abre así el camino al reconocimiento de un derecho parlamentario que hasta ahora estaba siendo vedado irregularmente desde el Gobierno.