La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, han comparecido esta mañana tras realizar una convocatoria de urgencia.

«El Gobierno ha puesto en conocimiento de la justicia que el presidente y la ministra de Defensa han sido espiados con Pegasus», ha anunciado Bolaños. El Ejecutivo español ha extraído esta información tras dos informes del Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI. Se trata de dos intrusiones en el teléfono móvil de Pedro Sánchez en mayo de 2021 y una en el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en junio de 2021.

Del dispositivo de Sánchez se extrajeron 2,6 gigas de datos, mientras que del de la ministra, 9 megas. «No hay pruebas de ninguna intrusión posterior a estas fechas», ha asegurado. Moncloa investigará si el resto de miembros del Gobierno también han sido víctimas de estas «intrusiones».

El pasado 18 de abril, el laboratorio Citizen Lab confirmó que más de 60 políticos independentistas, entre los que se encontraban los miembros de EH Bildu Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu, habían sido expiados mediante este programa. Ante las preguntas de los afectados al Gobierno en el Congreso, fue la propia ministra Robles, ahora afectada, la que respondió a Mireia Vehí (CUP) con algo que se interpretó como una justificación de las escuchas: «¿Qué tiene que hacer un Estado, un Gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, declara la independencia?»

En la comparecencia de esta mañana, Bolaños ha calificado los hechos como de «enorme gravedad» y ha asegurado que «estamos ante intervenciones ilícitas y externas». «Sabemos que es externa porque en una democracia como la nuestra todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial», ha añadido a preguntas de los periodistas.

Los medios presentes han insistido en tratar de saber a qué hacía referencia con el término «externa» y si se refería a la intervención de otro Estado. Al plantearle si externa significaba extranjera, ha insistido en que con ello se refiere a que es ajena a los organismos estatales y, por tanto, no cuenta con la autorización de la Justicia. Bolaños ha evitado dar una respuesta clara sobre ello y se ha limitado a apuntar que se han producido «intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley».

Los miembros del Gobierno español, que esta misma mañana ha puesto una denuncia en la Audiencia Nacional, han señalado que esta información «se completará con toda la información que se extraiga de la investigación en curso». De hecho, Bolaños ha preferido «no especular ni hacer conjeturas» sobre el origen o los motivos del espionaje o si guarda relación con el proceso independentista en Catalunya.

Asimismo, han señalado que el Ejecutivo «trabaja para la seguridad de las comunicaciones y el derechos fundamental de la libertad de las personas» y ha apuntado que tomarán medidas «para reforzar los protocolos de seguridad» tanto del Gobierno español como del resto de instituciones de todo el Estado.

¿Cortina de humo?

Las reacciones a la información ofrecida este lunes por el Gobierno español no se han hecho esperar. Entre ellas las de algunos de los políticos independentistas espiados con el mismo programa. El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha preguntado «¿por qué el Gobierno no actúa con la misma contundencia con el espionaje masivo a decenas de independentistas? ¿En ese caso no es un ataque externo?». A lo que ha añadido que «todos son igual de graves», además de apuntar que «si lo sabían desde hace meses y lo hacen público ahora convendremos que es una cortina de humo, ¿no?». En palabras del también diputado de EH Bildu Oskar Matute, «esto revela que la gravedad que le suponíamos al escándalo Pegasus no era infundada ni era una exageración utilizada en términos de rentabilidad política, sino que realmente estamos ante un hecho muy grave».

Si lo sabían desde hace meses y lo hacen público ahora convendremos que es una cortina de humo, ¿no?

¿Por qué el Gobierno no actúa con la misma contundencia con el espionaje masivo a decenas de independentistas? ¿En ese caso no es un ataque externo?

Todos son igual de graves. https://t.co/XgJvwtwt3D

— Jon Inarritu (@JonInarritu) May 2, 2022

Otro de los afectados, el miembro de la CUP Albert Botran, también ha coincidido a la hora de utilizar el término «cortina de humo» y ha pedido «una investigación urgente para esclarecer todos los hechos».

Cortina de fum per convertir botxins en víctimes? Desviar l’atenció cap a l’estranger? O bé el propi CNI espiant “per la unitat d’Espanya”? En qualsevol cas: cal una comissió d’investigació urgent per esclarir tots els fets.#CatalanGate

— Albert Botran Pahissa (@albertbotran) May 2, 2022

Sobre este tema también se ha pronunciado el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados español, Aitor Esteban, quien ha emplazado a investigar «hasta dónde llega el descontrol» del espionaje a través de Pegasus.

«Ahora sí que sí tiene que haber una comisión de investigación en el Congreso», ha afirmado, para reclamar también reformas legislativas que garanticen «verdaderos controles», y depurar después responsabilidades con las correspondientes comisiones, si fuera necesario.

Aitor Esteban ha dicho que hay que identificar «quiénes han sido los responsables y exigir las dimisiones correspondientes». «Un asunto y otro puede que no estén relacionados en absoluto (el espionaje a independentistas y el de los miembros del Ejecutivo) o puede que sí. Puede que simplemente haya un espionaje generalizado por razones políticas que se pueda utilizar o no en un momento determinado», ha barajado.

Doble vara de medir

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticado que «la doble vara de medir es evidente» respecto al independentismo. En la misma línea se ha expresado la portavoz del Gobern, Patrícia Plaja, quien ha afirmado que el Ejecutivo español es el «único responsable del caso de este espionaje, sea por acción u omisión, sea porque han permitido porque han dejado hacer o porque lo sabían».

Plaja también ha acusado al Gobierno de aplicar una «doble vara de medir» porque, a su juicio, cuando el espionaje solo afectaba al independentismo el Ejecutivo expresaba dudas, y, ahora que puede afectar a Sánchez y Robles, actúan diferente.

«Ahora parece que tienen prisa porque se les escapa de las manos», ha criticado Plaja, que ha calificado la situación de descontrol, y ha afeado que el Gobierno español pida una investigación judicial ahora y no cuando se conoció que se había espiado a 65 políticos independentistas.

Plaja también ha afeado que el Ejecutivo de Sánchez afirme que tiene la certeza de que el espionaje proviene de un organismo externo: «Hoy hablan de certezas mientras siembran nuevos interrogantes. ¡Qué despropósito!», tras lo que ha insistido en que se ponga en marcha una comisión de investigación.

«No todos son iguales, ni tan solo los cargos electos son iguales ante el Estado. La gravedad de los hechos parece que es diferente hoy porque tenemos conocimiento de que el presidente Sánchez y la ministra Robles han podido ser víctimas de este caso de espionaje de lo que era la semana pasada cuando teníamos 65 casos confirmados», ha recriminado.

Para Plaja, el inicio del espionaje es la «lucha desatada contra el independentismo, y ese‘'todo por la patria’ lo contamina todo», y ha afirmado que este caso está haciendo temblar el sistema democrático español, que ya estaba dañado.

La portavoz del Govern ha vuelto a reclamar la dimisión de Robles, ha dicho que no ha cambiado la posición del Ejecutivo catalán pese a que el Gobierno haya dicho que la ministra también ha sido espiada, y ha exigido que asuman responsabilidades «las personas responsables directa o indirectamente».

Mientras, Carles Puigdemont, que se ha solidarizado con Sánchez y Robles, también les ha exigido responsabilidades por «no haber hecho nada hasta el estallido» del caso.

La violació de la intimitat de @sanchezcastejon i la ministra Robles és un crim gravíssim que amenaça la democràcia. La meva solidaritat amb ells, com a víctimes, i la meva màxima exigència cap a ells, com a responsables de no haver fer res fins a l’esclat del #CatalanGate

— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) May 2, 2022

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, también ha expresado este lunes sus sospechas sobre la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez esté haciendo «una maniobra» para pasar «de verdugos a víctimas» de espionaje político. En la misma línea, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha exigido responsabilidades políticas por el caso de espionaje a líderes independentistas «lejos de posibles coartadas».

Por su parte, el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, en un gesto inusual, ha tirado de ironía y ha comentado a preguntas de los medios que no iba a hacer declaraciones sobre el espionaje político «porque me están grabando».

«Depurar responsabilidades»

Las respuestas también han llegado desde le propio Ejecutivo. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, han coincidido a la hora de señalar que es necesario «depurar responsabilidades».

Díaz ha afirmado que es «vital» que la investigación sobre el caso de espionaje Pegasus llegue «hasta el final» y se «depuren de manera ágil y efectiva responsabilidades». Belarra, por su parte, ha apuntado que «está en juego nuestra democracia y la confianza de la ciudadanía», subrayando que la información hecha pública hoy muestra una «profunda brecha» en la seguridad del Estado». «Venga de donde venga, el fallo es inasumible».

En el mismo sentido, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha subrayado que el espionaje al móvil de Sánchez, es «un ataque a la seguridad del Estado» y, en consecuencia, los «responsables políticos no pueden quedar impunes».