El PSOE echó mano de ayer de PP, Vox y Ciudadanos, para impedir que el Congreso debata en un pleno la creación de una comisión de investigación sobre el espionaje a políticos independentistas pedida por su socio de Gobierno, Unidas Podemos, y otros nueve partidos que en su momento apoyaron la investidura de Sánchez. Lo que no pudo evitar fue que el presidente tenga que comparecer para dar explicaciones sobre este tema. Llamativamente, Unidas Podemos se puso del lado del PSOE en esta votación.

El caso es que el veto del PSOE a la comisión de investigación no ha hecho más que enfadar aún más a sus propios socios y a quienes suelen apoyarle. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, proclamó que es el momento de «asumir responsabilidades políticas de motu proprio» por el «escándalo» de Pegasus, aunque por «responsabilidad» no quiso dar nombres.

Desdeñó la utilidad de vehicular las explicaciones sobre Pegasus exclusivamente en la Comisión de Secretos Oficiales, que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha convocado pora mañana. Echenique criticó que el PSOE no apoye la Comisión de Investigación, lo que había calificado como una equivocación. Sostuvo que es una «contradicción» que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, dé datos en ruedas de prensa y entrevistas, pero luego no se pueda hablar de ello en el Congreso.

ERC sigue avisando a Sánchez

El grupo no gubernamental más grande de los que apoyan habitualmente al Gobierno, ERC, volvió ayer a avisar de que el caso de los espionajes es un «escándalo de dimensiones mayúsculas» que «se puede cargar la legislatura».

Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, insistió en la necesidad de crear una comisión de investigación en el Congreso y alertó ante el voto contrario del PSOE de que «no son conscientes de las consecuencias de ese voto, esto no se va a tapar y se puede cargar la legislatura. No es una amenaza ni una advertencia, es pura información, no es opinable», explicó en rueda de prensa.

PNV: «Explicaciones públicas»

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, exigió explicaciones públicas de lo ocurrido, y subrayó que no basta con remitir todas las explicaciones a la Comisión de Gastos Reservados como plantea el Gobierno. Explicó que aunque allí se dilucidara todo lo ocurrido y se aclarara quién tiene que asumir responsabilidades, no podría explicarse a la ciudadanía qué ha pasado ni se podrían pedir dimisiones, porque los portavoces que acuden a ese foro parlamentario no pueden dar cuenta de lo que allí se trata.

Aitor Esteban reiteró que este asunto ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de actualizar toda la legislación relativa a la información calificada como secreta y pidió que se desclasifique todo lo que tiene que ver con estas escuchas.

Quiso dejar claro que «sea o no una cortina de humo» el anuncio de que también se espió a Sánchez y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, eso «no puede ocultar la necesidad» de que se investiguen las escuchas a independentistas. «Una cosa no puede tapar a la otra, todo tiene que ser investigado porque no son unas denuncias cualquiera», enfatizó, incidiendo en que ahora es más «necesaria» que nunca una comisión parlamentaria de investigación para aclarar todo esto.

EH Bildu: «Doble vara»

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, denunció por su parte la doble vara de medir del Gobierno con los casos de espionaje, calificó de «lamentable» el rechazo del PSOE a la comisión de investigación y pidió llegar hasta el final.

Explicó Mertxe Aizpurua que «el PSOE tenía la oportunidad de empezar a aclarar los casos de espionaje apoyando en la Junta de Portavoces la comisión de investigación que hemos propuesto. Sin embargo, ha preferido tumbar nuestra petición con PP, Vox y Cs, escudándose en la Comisión de Secretos Oficiales. Es lamentable».

Incidió en que «con miembros del propio Ejecutivo espiados, el Gobierno debería de ser el primer interesado en aclarar todo lo ocurrido, para que esta grave crisis no vaya a más. La Comisión de Secretos no es la solución. Todos sabemos que en esa comisión nunca se ha contado ningún secreto».

La portavoz de EH Bildu denunció que se esta viendo que «hay una evidente doble vara de medir. ¿Por qué el Gobierno no actúa con la misma contundencia con el espionaje a 65 independentistas? ¿Por qué no fue el primero en salir a denunciar estos casos? ¿Por qué lo que hace una semana era secreto ahora no lo es?».

Aizpurua concluyó que «el Gobierno está actuando torpemente ante el espionaje político masivo a independentistas. Parece una mala película de espías pero esto no va de humor. Cuanto más habla el Gobierno más se enreda y más interrogantes y dudas surgen. Hay que llegar hasta el final del asunto».

El Gobierno español presumía de ciberseguridad hace quince días

El Gobierno español presumía de ciberseguridad apenas quince días antes de reconocer que los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido infectados por el programa Pegasus en mayo de 2021.

«España se encuentra a la vanguardia europea e internacional en todo lo que concierne a la ciberseguridad, tanto en términos regulatorios, como tecnológicos e institucionales», aseguraba el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria.

En ese escrito, fechado el 22 de abril, y recogido por Europa Press, el Gobierno se jactaba de contar con «una amplia red nacional de Centros de Respuesta Rápida a Incidentes Cibernéticos (CERT) y con tres instancias de coordinación de respuesta a incidentes que afecten al sector privado (Incibe), a la Administración Pública (Centro Criptológico Nacional-CCN) y a la defensa (Mando Conjunto de Ciberseguridad)».

Y además, continuaba, tiene en vigor «una Estrategia Nacional de Ciberseguridad y un Plan Nacional de Ciberseguridad, que recogen sistemáticamente las medidas, actuaciones, mecanismos y protocolos de protección del ciberespacio, las infraestructuras críticas y los sistemas de telecomunicaciones e información, públicos y privados».