Iñigo Urkullu lo ve urgente; Bakartxo Tejeria, no tanto
Apenas 850 metros separan la sede de Lehendakaritza del Parlamento Vasco y en ambas instituciones gobiernan los dos mismos partidos, PNV y PSE. En el primero, el Gobierno que dirige Iñigo Urkullu preparó una declaración para la rueda de prensa de su portavoz, Bingen Zupiria, en la que este mostró la preocupación del Ejecutivo por los casos de ciberespionaje conocidos recientemente y solicitó una rápida solución al Gobierno español, «porque los hechos denunciados han elevado la preocupación de la ciudadanía y de la clase política» y es urgente que el Gobierno español aclare si sus servicios de seguridad del Estado han estado espiando a contrincantes políticos y dirigentes institucionales. «Es urgente saberlo por pura salud democrática», concluyó con firmeza Zupiria.
Sin embargo, y prácticamente a la misma hora, la Mesa del Parlamento, presidida por Bakartxo Tejeria, negaba la «urgencia» de una proposición no de ley presentada por EH Bildu que reclamaba que «la gravedad de este hipotético caso de espionaje exige que el debate parlamentario al respecto se realice lo antes posible para tomar posición y aclarar la dimensión del caso y conocer si este espionaje se está produciendo en la actualidad». De esta forma, el pleno en el que se debería aprobar que «el Parlamento insta a todas las instancias competentes a que actúen de forma inmediata» deberá esperar dos o tres semanas para su celebración. ¡Menuda inmediatez!
El Parlamento Vasco tiene un grave problema reglamentario para ajustar el tiempo de sus debates con el momento en el que esos temas están de actualidad y se puede intervenir sobre ellos. En pocos días hemos comprobado cómo la presidenta del Congreso ha cambiado la fórmula de elección de la Comisión de Secretos, se deciden comparecencias o se vetan investigaciones. Todo eso sería imposible en la Cámara de Gasteiz, donde históricamente las mayorías gubernamentales, al redactar el reglamento, siempre han antepuesto su tranquilidad y comodidad a la agilidad política que, entre otras cosas, permitiría un mayor interés y acercamiento de la ciudadanía a lo que ocurre entre sus cuatro paredes.