La Asociación Europea de Juristas por la Democracia y los Derechos Humanos en el Mundo (ELDH) ha mostrado su preocupación por que el Estado español «vulnere sistemáticamente» los principios básicos sobre la función de los abogados (Principios de La Habana), después de conocer la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el sumario 13/13 que condena a penas de entre 3 y 7 años de prisión a los abogados Jon Enparanta, Arantza Zulueta, Iker Sarriegi y Naia Zuriarrain.

Según estos principios, los gobiernos deben garantizar que los abogados puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidación, obstáculos, acoso o interferencia indebida.

Además, el texto dicta que «cuando la seguridad de los abogados se vea amenazada como consecuencia del desempeño de sus funciones, serán debidamente resguardados por las autoridades». Sin embargo, la asociación ELDH considera que el Gobierno español «amenaza la seguridad de estos abogados por el ejercicio de sus funciones», haciendo referencia a los letrados condenados.

Los principios disponen además que «los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como resultado del desempeño de sus funciones». El organismo internacional apunta que los gobiernos están obligados a eliminar los obstáculos a la actividad profesional de los abogados y deben prevenir cualquier tipo de acoso o injerencia ilícita contra los abogados.

Por ello, a ELDH le preocupa que en este juicio se hayan producido «claras violaciones»: vulneración del derecho básico a la defensa, derecho a las garantías judiciales, tutela judicial efectiva y vulneración del principio non bis in idem.

ELDH se solidariza con sus compañeros vascos y pide al Gobierno español que libere a estos abogados y ponga fin a su enjuiciamiento, al igual que ya pidió el año pasado que suspendieran el propio juicio.