Cuando se cumplen casi tres meses desde la detención del periodista vasco y colaborador de NAIZ Pablo González, su pareja, Oihana Goiriena, y su abogado, Gonzalo Boye, han comparecido en una comisión del Parlamento de Nafarroa en la que han señalado que González sigue prácticamente «incomunicado y sin poder elegir abogado» y no saben «si se prorrogará su estancia en prisión», ya que el 29 de mayo termina el «plazo inicial» de prisión provisional. A pesar de todo, «se encuentra bien anímicamente y físicamente».

Tanto Boye como Goiriena han acudido a petición de PSN, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra a una comparecencia en la que Navarra Suma ha brillado por su ausencia. Desde el primer momento, el abogado del periodista ha dejado claro que «no tenemos más información» de la ya conocida, es decir, que González no se ha podido comunicar ni con su familia ni con su defensa después de casi tres meses de su detención por parte de los servicios secretos polacos y tras ser acusado de espionaje.

«Se nos explicó que estaba acusado de espionaje. Hemos sabido de algunas incidencias procesales pero sin más información, no sabemos si su estancia en prisión se va a prorrogar o no, no sabemos el contenido, cuál es la razón legal para que un abogado previamente designado no le pueda visitar, para que su propia familia no se pueda comunicar con él», ha detallado Boye.

Boye ha subrayado que «tres meses de incomunicación es una bestialidad porque puede ser utilizado, y no me cabe duda de que es la intención de las autoridades polacas, para intentar modificar la voluntad de Pablo González».

Respecto a la implicación del Gobierno español, Boye ha señalado que «las autoridades no parecen preocupadas por la situación de Pablo», para a continuación remarcar que «tampoco hacen grandes esfuerzos en restablecerle sus derechos básicos». A excepción del cónsul que, de acuerdo con Boye, «ha estado en contacto con nosotros», pero «casi desde una perspectiva humana».

«La preocupación crece cuando se nos pide que tengamos actos de fe, pero yo vivo de los hechos, y los hechos son que no podemos decidir quién le defiende, no podemos verle, y eso no pasa en Europa. No hay peor cosa que aplaudirle las gracias a Polonia porque esos es mermar los cimientos de la UE», ha subrayado Boye.

Asimismo, ha asegurado que «aquí no han respetado una sola norma europea en materia de derechos fundamentales de trato a personas en prisión, no han respetado una sola de las normas de la carta de derechos fundamentales en materia de procesos con las debidas garantías».

En la misma línea, Goiriena ha remarcado que «llevo casi tres meses sin hablar con mi marido y él tampoco ha podido hablar con sus hijos. Sabemos que no le hacen llegar nuestras cartas y la incomunicación es prácticamente total. Eso le puede afectar en su estado anímico».

Ell cónsul solo le ha visto dos veces

No obstante, Goiriena ha señalado que el cónsul español «es el único medio de información semidirecta que tenemos, a través de él le hago llegar mensajes, pero solo le ha visitado dos veces y solo dos veces ha sabido de nosotros». «Lo que sabemos de él es muy poco, que está bien de salud, que está bien de ánimos, que está fuerte dentro de lo que cabe y nada más, no se nos puede decir nada más y eso es muy duro», ha afirmado.

A excepción del Ayuntamiento de Nabarniz, que llamó a concentrarse por la libertad de su vecino Pablo González, es la primera vez que a Boye y Goiriena les recibe una institución de Euskal Herria. Lakua se limitó a pedir «un juicio justo y rápido» una semana después de la detención y el Parlamento de Gasteiz no los ha recibido todavía. 

En diversas interpelaciones al Gobierno español, Pedro Sánchez se ha limitado a decir que sigue con «suma atención» el caso y a insistir en que se le presta asistencia consular pero evitando posicionarse sobre la vulneración de derechos que sufre González.

A nivel europeo, han llegado denuncias por parte del Consejo de Europa, además de la petición de mediación al comisario de Justicia de la UE por parte de un grupo de eurodiputados.

Amnistía Internacional se hizo eco del caso y exigió que «se respete su derecho a un proceso justo y con las debidas garantías, permitiéndole el acceso a un abogado de su libre elección y a comunicarse con su familia».

Ausencia de Navarra Suma

A la comparecencia de González han acudido todo los grupos parlamentarios a excepción de Navarra Suma, que votó en contra, en la Junta de Portavoces, de la comparecencia del letrado y Goiriena alegando que «hemos votado en contra porque estamos apoyando al Gobierno de España en esta cuestión, estamos apoyando a la ministra en esta cuestión y nos sorprende que el PSN ya no está ni con su ministra, ni con su Gobierno y se permita que vengan estas personas a aportar absolutamente nada a esta Cámara y además pagando los gastos desde el propio Parlamento».

En el turno de intervención de los grupos, la portavoz del PSN, Inma Jurío, ha asegurado que «la preocupación que expresan» el abogado y la mujer de Pablo González «es compartida por todos», pero ha señalado que, sin disponer de más información sobre el caso, «poco más podemos aportar nosotros, más que manifestar el deseo de que la situación se resuelva lo antes posible y de la forma más favorable a los intereses familiares y personales de cualquier persona que se encuentra detenida».

Jurío ha afirmado que «el Estado español, a través de vías diplomáticas, sí que ha realizado las actuaciones que debe realizar y muchas veces las vías diplomáticas pueden actuar de maneras que no son tan públicas». «No creo que ayudemos nada haciendo alegatos puramente políticos y criticando sin conocimiento determinadas situaciones que se pueden producir en otros países», ha añadido.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, se ha «solidarizado» con la mujer de Pablo González y ha afirmado que «hasta la fecha Polonia no ha aportado pruebas que justifiquen esta detención». Además, ha considerado que hay una «actitud excesivamente tibia por parte de las autoridades españoles». «España no puede ser ni modélica ni ejemplarizante en calidad democrática, porque aquí también se cerraron periódicos, España ha sido condenada en diez ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por diferentes motivos», ha señalado.

Por parte de Podemos, Ainhoa Aznárez ha sostenido que Pablo González «está sufriendo una grave vulneración de los derechos fundamentales como periodista y como ciudadano de la Unión Europea, es una situación de indefensión absoluta, no se están cumpliendo los estándares comunitarios en cuanto a la libertad de prensa». Tras ello, ha exigido al Gobierno español que «se implique de manera seria para trabajar por la libertad de Pablo».

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha expresado «toda su solidaridad y apoyo ante lo que es un auténtico atropello, ya que Polonia está pasando por encima de toda la legislación internacional». «Se está produciendo una detención e incomunicación de una persona fuera de la legalidad. ¿Cómo se puede explicar que ni su familia ni la defensa puedan comunicarse con esta persona cuando aún no hay ninguna prueba de una acusación que en principio no se sostiene?», ha planteado.

Por último, el portavoz de Geroa Bai, Jabi Arakama, ha afirmado que Pablo González se encuentra en «unas condiciones durísimas que nadie tendría que sufrir, menos sin que las autoridades responsables aporten pruebas fehacientes de la necesidad de esa detención, ni siquiera han aportado en qué consiste la acusación, parece claro que no se están cumpliendo los derechos humanos relativos al detenido».