«El próximo curso habrá más catalán que nunca en las aulas», ha proclamado la portavoz de la Generalitat catalana, Patrícia Plaja, tras la reunión del Consell Executiu. De este modo, ha respondido la Generalitat al auto del TSJC que ordenaba aplicar en un plazo de apenas quince días la sentencia que obliga a establecer un mínimo del 25% de castellano en las aulas.

Tal y como avanzó el lunes el conseller de Educación, Josep Gonzàlez Cambray, la Generalitat presentará un recurso de reposición contra la orden del TSJC.

Plaja también ha criticado con dureza la decisión del TSJC, señalando que está «fuera de juego de lo que se espera de un sistema judicial» y recordando que dos magistrados han suscrito un voto particular. 

Junto a ello, la portavoz de la Generalitat ha subrayado que el modelo de la escuela catalana es «inclusivo y exitoso» y tal y como hizo la víspera el conseller, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los centros, pidiéndoles que cumplan con sus funciones del mismo modo que hasta ahora. En este sentido, ha prometido que tendrán todos los recursos necesarios para desarrollar su labor.

De este modo, ha subrayado que corresponde al Departamento de Educación asumir la respuesta a «este acoso».

En este línea, ha avanzado que el próximo curso «habrá más catalán que nunca» en las aulas y ha señalado que la Generalitat trabaja en un nuevo decreto para reforzar el modelo de escuela catalana.

Plaja ha subrayado que la labor de reforzar el modelo de la escuela catalana se debe hacer con «el mayor consenso pedagógico, social, y político» y ha lamentado que «quienes dicen defender el castellano ataquen al catalán».

La portavoz ha destacado que la lengua catalana es «punto de encuentro y de inclusión» y forma parte de la identidad de Catalunya.

Plaja ha recordado que en los últimos quince años se ha registrado un descenso del uso del catalán y ha destacado que hay que fomentar el uso de la lengua en los centros educativos. Ha explicado que Educación está trabajando en medidas para sensibilizar sobre el uso del catalán no solo en las horas lectivas, sino también en los espacios compartidos como el patio o el comedor y en el ocio.

Reunión previa

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, había reunido este martes, antes del Consell Executiu, a parte del Govern de forma extraordinaria para abordar la respuesta del Ejecutivo catalán a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) han explicado fuentes de Presidencia de la Generalitat a Europa Press.

Según ha avanzado ‘La Vanguardia’, han participado los consellers más directamente implicados en la cuestión: el vicepresidente del Govern y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, el de Educación, Josep Gonzàlez Cambray, la de Investigación y Universidades, Gemma Geis, y la de Cultura, Natàlia Garriga.

Plaja ha confirmado que la reunión previa tenía como objetivo compartir la información jurídico existente sobre «un tema que se precipitó ayer a la tarde y que había que tratar con calma» para posteriormente debatir al respecto en el Consell Executiu.

Gonzàlez Cambray ya avanzó el lunes que recurrirán el auto, que fue calificado como «aberrante desde el punto de vista jurídico y pedagógico». En su comparecencia ante los medios, el conseller de Educación abogó por una respuesta unitaria a esta cuestión.

El encuentro se ha celebrado en la Casa dels Canonges entre las 8.30 y las 9.30, antes de la reunión habitual del Consell Executiu de los martes.

Enfado de ERC

El consenso reclamado por Plaja y Gonzàlez Cambray parece lejano viendo posiciones como la de la portavoz de ERC, Marta Vilalta, quien ha señalado hoy que la modificación de la Ley de Política Lingüística «es más urgente que nunca» tras el auto del TSJC. 

En esta línea, ha advertido a Junts que «no se puede dilatar más la defensa del catalán por agendas internas o calendarios de congresos de partidos».

«La lengua catalana no puede esperar a que en Junts se pongan de acuerdo entre ellos. Sería irresponsable», ha añadido.

El portavoz de Vox en el Parlament catalán, Joan Garriga, por su parte, ha señalado que presentará una querella contra la Generalitat si no aplica la sentencia del TSJC. «Exigimos que Aragonès cumpla la sentencia del 25% o exigiremos la suspensión de la autonomía», ha dicho Garriga.

Declaración de Borràs

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha calificado la orden del TSJC de «nueva intromisión judicial» y urge a defender el consenso sobre las leyes aprobadas en la Cámara sobre materia lingüística.

Al inicio del pleno del Parlament de este martes, Borràs ha hecho una declaración de la presidencia –prevista en el artículo 169.4 del Reglamento– en la que ha asegurado que las leyes sobre materia lingüística se han aprobado «con mayorías muy amplias y se deben respetar», y ha pedido consenso para defender el catalán.

El TSJC pide perdón los errores en catalán

El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, Javier Aguayo, ha pedido «sinceras disculpas» por haber publicado el auto lleno de errores ortográficos, tipográficos y gramaticales en su versión en catalán. 

Aguayo ha añadido que los errores son consecuencia de «un muy desafortunado error humano» registrado en el intercambio de borradores de trabajo. 

🔴El president de la sala Contenciosa @tsj_cat demana "sinceres disculpes" per la versió amb errades notificada de la resolució d'execució de la sentència del 25% de castellà a les escoles, conseqüència d'un molt desafortunat error humà en l'intercanvi d'esborranys de treball

— TSJCat (@tsj_cat) May 10, 2022

El documento contenía hasta 120 errores. El más repetido era traducir «medidas» en castellano por «mides» en catalán en lugar del correcto «mesures». También emplea «medis» en vez de «mitjans» por «medios» e incurre en errores de acentuación y en el empleo de expresiones castellanas traducidas literal y erróneamente al catalán.

Alta inspección del Estado

El Gobierno español pedirá que actúe la alta inspección del Estado para que se aplique efectivamente la sentencia del 25%, según ha señalado su portavoz, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros.

«Reiterar que las sentencias están para cumplirlas y que los pronunciamientos de los tribunales han de acatarse» ha señalado la ministra portavoz, antes de apuntar que lo que se hará, desde el Gobierno, es actuar «con la alta inspección para que, dentro de sus competencias, se cumpla con la indicación de los tribunales».

Ha subrayado que el Ejecutivo considera las lenguas cooficiales una «riqueza cultural del país, no como una fuente de enfrentamiento, ni como arma arrojadiza entre unos y otros».