El Gobierno español aprobará en el Consejo de Ministros de hoy el borrador del anteproyecto de la Ley del Aborto que, según las informaciones filtradas hasta ahora, contempla cambios significativos respecto a la ley vigente, firmada por el Gobierno de Zapatero en 2010 –que despenalizó el aborto por completo hasta las 14 semanas de embarazo– y modificada en 2015 por el PP, cuando robó la posibilidad de abortar sin consentimiento paterno o materno a las jóvenes de 16 y 17 años. El borrador incluye como medida principal devolver a estas jóvenes el derecho a poder abortar sin el permiso de sus progenitores.

Pero las intenciones de Igualdad van más allá, y ha tenido que negociar largo y tendido con otros ministerios como los de Sanidad, Justicia e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para que finalmente el borrador llegue hoy al Consejo. En adelante, le espera un largo recorrido: tras su aprobación por parte del Gobierno, el texto deberá pasar por el análisis de los ministerios y luego por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía, antes de volver de nuevo al Consejo de Ministros para pasar al Parlamento.

Otro de los propósitos de la ministra Irene Montero es blindar este derecho en todos los centros públicos del Estado, anulado en ocasiones por la objeción de conciencia de las plantillas. «Es imprescindible que todos los centros con servicio de ginecología y obstetricia cuenten con profesionales que garanticen la interrupción voluntaria del embarazo», reivindicó, al tiempo que se comprometió a respetar «escrupulosamente» el derecho a la objeción de conciencia. Para ello, al igual que con la ley de la eutanasia, Igualdad propone crear registros de médicos objetores que permitirán organizar los servicios.

Esta medida busca que todas las personas tengan asegurada la posibilidad de interrumpir su embarazo en el centro sanitario más cercano. Y es que, actualmente, la gran mayoría de los abortos en el Estado español se practican en clínicas privadas. Según el informe anual del Departamento de Sanidad, el 85% del total de las mujeres que interrumpieron sus embarazos en 2020 lo hicieron en centros hospitalarios o extrahospitalarios privados. En Hego Euskal Herria en 2020 se registraron 4.310 interrupciones de embarazo, de las cuales la gran mayoría (3.897) se realizaron también en centros privados.

La superreducción del IVA al 4% para productos como compresas, tampones o copas menstruales se ha quedado fuera del acuerdo al encontrarse con la negativa de Hacienda

Otras medidas

El Ministerio de Igualdad completa su propuesta para la nueva la Ley del Aborto con varias medidas secundarias enfocadas en respetar la voluntad y capacidad de decisión de las mujeres. Entre ellas, eliminará el sobre que se les entrega a las personas que deciden abortar, que incluye información y recursos para el embarazo y la maternidad, además de información sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Este sobre solamente se entregará si lo pide la mujer. En lugar de esto, el Ejecutivo español prevé poner en marcha una línea telefónica especializada en derechos sexuales y reproductivos para aquellas que quieran informarse.

También quiere eliminar los tres días de reflexión obligatoria que existen ahora. «Obligamos por ley a todas las mujeres a reflexionar durante tres días, como si sus decisiones no fuesen legítimas. ¿Se imaginan, señorías, que esto sucediera con un hombre que acude al centro de salud para proteger su derecho a la salud?», manifestó Irene Montero.

La ministra de Igualdad confirmó asimismo que la nueva ley del aborto incluirá un permiso preparto remunerado a partir de la semana 39, frente a los borradores iniciales que fijaban este permiso a partir de la semana 36.

La superreducción del IVA al 4% –del actual 10%– para productos como compresas, tampones o copas menstruales era otra de las medidas que quería incluir Montero, sin embargo, se ha quedado fuera del acuerdo al encontrarse con la negativa de Hacienda. «El Ministerio de Hacienda no ha querido que vaya en esta ley, pero lo volveremos a negociar en los Presupuestos Generales del Estado», aseguró Montero ayer, que cifró el coste de esta medida en unos 30 millones de euros.

Lo que sí introducirá la nueva norma es el reparto gratuito de esos productos en los centros educativos, los centros que ofrecen servicios para mujeres en riesgo de exclusión y las prisiones.

En Hego Euskal Herria en 2020 se registraron 4.310 interrupciones de embarazo, la gran mayoría (3.897) en centros privados

Ainhoa Altzuguren Mitxelena, de Laia Abokatuak, ha trasladado a NAIZ su opinión sobre la propuesta de la nueva ley que labra el Gobierno de coalición que considera contiene «avances importantes». Entre los más significativos, a juicio de esta integrante del colectivo de abogadas feministas, está que las jóvenes de 16 y 17 años puedan decidir abortar libremente. «Hoy en día, muchas de las mujeres de esa edad interrumpen su embarazo de modo clandestino y sin garantías sanitarias; porque necesitan el permiso de sus padres para ello», recuerda.

Altzuguren cree importante, asimismo, garantizar la interrupción del embarazo en centros privados y eliminar los tres días de reflexión pre-aborto y que la gestación subrogada se considere violencia contra la mujer. «Este tema requiere más profundidad, pero puede ser un punto de partida», ha destacado sobre esto último.

Matiza, sin embargo, que aún está por conocerse el borrador definitivo que llegará hoy al Consejo de Ministros y que quedan muchas dudas por aclarar: «¿Cómo se regulará el tema de la gestación subrogada? ¿Se considerará delito? ¿Cómo se pagarán las bajas por dolor menstrual? ¿Habrá opción de cogerla cada mes?».

Altzuguren, además, lamenta que la nueva ley no contemple ofrecer servicio sicológico a las mujeres que decidan abortar. «Y cómo no –añade–, es esencial trabajar desde pequeñas la educación sexual, las nuevas generaciones deben educarse en la igualdad, hay que romper con las relaciones sexuales de poder y la regla o el aborto no pueden ser temas tabú».

La gestación subrogada se considerará una forma de violencia contra la mujer. Los tribunales podrán perseguir a quien recurra al extranjero para encontrar a una mujer que alquile su vientre

Contraataque ultra

El envés en lo que respecta a los derechos reproductivos de las mujeres se sitúa ahora en Estados Unidos y la onda expansiva del debate retrógrado que se está llevando a cabo allí podría calar en la esfera ultra europea que gana terreno. En EEUU, la filtración este mes de un borrador de sentencia del Tribunal Supremo que revocaría la protección constitucional al derecho a abortar ha activado la alerta de las defensoras y defensores de los derechos de las mujeres. Si el Supremo deroga el precedente que legalizó el aborto a nivel nacional en 1973 –el fallo histórico ‘Roe contra Wade’, como resultado de la lucha feminista de los 60–, cada estado será libre de prohibir o garantizar ese servicio médico, y se espera que 26 estados liderados por conservadores restrinjan la interrupción voluntaria del embarazo.

«Ver un país tan predominante como Estados Unidos volver atrás sobre este derecho tendría un peso simbólico fuerte, daría una dinámica importante a los movimientos antiaborto en todo el mundo. El discurso será: si Estados Unidos no apoya más este derecho, ¿por qué lo apoyamos?», afirmó la pasada semana Andréanne Bissonnette, investigadora de la Universidad de Québec.

En el Estado español, el movimiento antiabortista siempre ha contado con fieles seguidores, tanto en el Parlamento –con el PP como detractor histórico y la ultraderecha de Vox, con indisimulada intención de desandar todo lo referente a los derechos de las mujeres– como en la calle. Dos semanas atrás, integrantes de la plataforma ultraderechista ‘Rezar no es delito’ intentaron una vez más salir en procesión hasta la clínica Askabide de Donostia, única en Gipuzkoa que realiza interrupciones de embarazos, a pesar de que el acoso frente a estos centros está prohibido desde abril. Un centenar de personas, convocadas por varias asociaciones feministas, consiguieron que la marcha abortista finalmente no se realizara.

Las mujeres en EEUU también se han unido frente la amenaza del Supremo. Bajo el lema «Bans off our bodies» (Fuera prohibiciones de nuestros cuerpos), el pasado sábado se convocaron más de 430 manifestaciones y concentraciones a lo largo y ancho del país. Se trata ahora de no perder derechos ya conquistados, lo que significa volver a las calles con lemas históricos. Déjà vu.

«Que las mujeres hayamos conseguido derechos no quiere decir que no nos los puedan quitar. La ultraderecha ha dicho claramente que está en contra de la interrupción del embarazo y en los lugares donde consigan poder los avances en derechos de las mujeres estarán en peligro», ha alertado Ainhoa Altzuguren.