A la todavía no aclarada utilización del CNI y quizá otros cuerpos de seguridad del sistema espía Pegasus contra 65 independentistas catalanes y vascos, se suma estos días una nueva serie de grabaciones que tienen al excomisario José Manuel Villarejo como eje central y a exlideresas del PP como peticionarias de diversos favores ilegales, que vuelven a traer a primer plano de la actualidad a las cloacas del Estado y su relación con los entramados de corrupción del partido que gobernó el Estado español durante 15 años.

Y, por si todo ello fuera poco, a los días de que la Fiscalía archivara las últimas causas contra él, no porque no hubiera delito en lo que hizo, sino porque estos han prescrito o estaban acorazados por su inviolabilidad constitucional, Juan Carlos I de Borbón anuncia su regreso para participar junto a unos amigotes en una regata a bordo del velero ‘Bribón 500’ Nunca el nombre de un barco había definido tan a la perfección la situación de un Estado, con el plus irónico de que lo de Bribón también es un título dinástico, como la propia monarquía, con el que se han botado varias embarcaciones del equipo con el que navega el heredero de Francisco Franco.

Como hereditaria parece ser también la tentación de los aparatos españoles por cruzar el umbral de la legalidad –a veces incluso a tiros y bombas– y bajar a las cloacas en sus actuaciones contra todos cuantos considera enemigos internos del Estado, incluyendo entre ellos incluso a miembros de distintas facciones gubernamentales.

Pese a los intentos del Gobierno de Sánchez de pasar página sobre el escándalo del espionaje con Pegasus, este volverá a ser uno de los principales ejes de las preguntas que el propio presidente y varios de sus ministros tendrán que responder esta mañana en el Congreso de los Diputados. Y es que una crisis de estas características no puede resolverse con la destitución de la directora del CNI y su sustitución por una espía que tuvo que escapar de Cuba cuando fue descubierta.

Y pese a los intentos de Alberto Núñez Feijóo de pasar página definiendo las evidencias de las corruptelas del PP como «grabaciones de hace una década», está claro que va a seguir escuchando a los suyos hablando de «choricetes» y «libretitas», así en diminutivo para que dé menos asco, y de su connivencia con policías y jueces-decanos.

El problema de los dos principales partidos españoles es que todo lo que ocurre lo interpretan en clave electoralista. Las tramas de corrupción del Partido Popular y sus relaciones con uno de los iconos del «Estado profundo», José Manuel Villarejo, han sido aprovechadas por el PSOE para anunciar su deseo de crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Quien hizo el anuncio no había visto nunca volar un bumerán.

Casi al instante encontraba el apoyo de sus socios a la iniciativa, siempre –claro está– que el PSOE apoye también la aprobación de la recién registrada «petición de creación de una comisión de investigación sobre la vinculación de diversos estamentos oficiales en una trama parapolicial, mediática y empresarial sufragada con recursos de organismos estatales y gastos reservados».

Pillada a contrapié, la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, no aclaró ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros si apoyaría esta iniciativa, y fuentes del Ejecutivo añadieron después que «no está definido» y «no está claro». Se admiten apuestas.

Y por si todo esto fuera poco, vuelven las andanzas de una familia desestructurada, en la que el hijo viajó 5.627 kilómetros desde Madrid a Abu Dhabi, donde está su padre, y en lugar de visitarle en persona le llamó por teléfono. Si fuera cualquier otra familia, podríamos pensar que lo hizo para evitarse el roaming. Humorada al margen, el problema es que no se trata de una familia normal, sino de la que va dejándose en herencia la jefatura del Estado, la que le permitió al emérito Juan Carlos I acumular una fortuna millonaria en parte delictiva y toda ella absolutamente inviolable.

Si la tomadura de pelo les parece pequeña, ayer se presentó en Madrid una campaña con la que el exministro de Defensa Eduardo Serra y el antiguo secretario de Estado y Alto Comisionado para la Marca España Carlos Espinosa de los Monteros, entre otros, pretenden convencernos de que «los viajes diplomáticos de Juan Carlos I aportaron a la economía de España más de 62.000 millones de euros y su equivalente en la creación de más de 2,4 millones de empleos entre 1978 y 2014».