Juan Carlos de Borbón ha aterrizado este jueves en Galiza después de pasar 655 días en los Emiratos Árabes Unidos, a donde huyó después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo anunciase la apertura de una investigación sobre sus corruptelas y sus cuentas en paraísos fiscales.

Tras la decisión de los fiscales de archivar la causa el pasado 2 de marzo, el emérito comunicó por carta a su hijo Felipe su deseo de regresar al Estado español, y el pasado fin de semana acordaron reunirse en Madrid.

Finalmente su regreso ha sido a través del aeropuerto de Vigo, el mismo del que despegó el 3 de agosto de 2020 a bordo de un jet privado, sin revelar su destino.

«Se entra por donde se sale», dijo a sus amigos de regatas, que al parecer le darán cobijo este fin de semana en la localidad de Sanxenxo. No en vano su intención es participar en una regata a bordo del velero ‘Bribón 500'.

Cabe señalar que, pese a tratarse de una visita «privada», su llegada a Galiza ha estado acompañada de un amplio dispositivo policial. Así, a sus escoltas se sumarán efectivos de diversas unidades de la Guardia Civil, como los GRS o los especialistas en desactivación de explosivos.

Además, la Policía española y la Policía Local colaborarán con todo este despliegue, con atención especial a la casa en la que se alojará y el propio puerto deportivo. Se han incrementado la presencia de agentes en las calles para adecentar los jardines y los aledaños a la dársena marítima.

Un regreso marcado por la polémica

Su regreso ha suscitado una importante polémica sobre su figura, y la de la propia monarquía española.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha opinado que la vuelta es un «ejercicio de regateo», y ha insistido en la necesidad de que dé cuenta ante la sociedad de todo lo que ha hecho.

«Si todos realmente somos iguales ante la ley, todos también deberíamos practicar el ejercicio de transparencia y de honestidad. Creo que es absolutamente necesario dar cuenta también ante la sociedad de todo lo que se haya hecho», ha apuntado.

En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, que ha apelado a la revisión de la figura de la inviolabilidad para que no sea «una puerta a comportamientos indebidos».

«Las instituciones tienen que ser las primeras que tengan una conducta irreprochable, y la monarquía y el Rey es la primera institución que tiene que ser irreprochable y no lo ha sido», ha manifestado.

Diferencias en el seno del Gobierno español

IU, que participa en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, también ha reclamado que se abra un debate sobre la necesidad de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre las «corruptelas» del rey emérito.

«La corrupción forma parte de su ADN», ha denunciado la formación que lidera Alberto Garzón a través de un comunicado, que ha insistido en que «por mucho que intenten convencernos de lo contrario Juan Carlos de Borbón no puede ser juzgado como cualquier otra persona en España».

Muy diferente ha sido la postura del PSOE, que por boca de su vicesecretria general, Adriana Lastra, ha anunciado que no va a hacer ninguna consideración sobre la visita, y ha añadido que solo Zarzuela puede manifestarse al respecto.

«Es una decisión del rey y una cuestión ante la que solo puede manifestarse la casa real y respetamos, por supuesto, cualquier decisión que tome la casa real. No tenemos nada más que comentar», ha zanjado.