Tal vez sea una estrategia de Lehendakaritza para que EH Bildu desista de proponer plenos monográficos o, quizá, solo pretenda ocultar que va a remolque de las iniciativas de la oposición, pero lo cierto es que en 2022 Iñigo Urkullu ha acudido a estos plenos con anuncios de medidas a adoptar por su Gobierno que han eclipsado los debates e incluso los acuerdos del propio Parlamento, que se supone que debería ser el protagonista de la jornada.

El pasado 8 de abril, en la sesión para abordar cómo afrontar la crisis ahondada por la invasión de Ucrania, anunció un fondo de rescate de 200 millones de euros, que se llevó todos los titulares.

Ayer, al pleno monográfico sobre el reto monográfico llegó con el anuncio de que, no se ha definido a partir de cuándo, los niños y las niñas vendrán a Araba, Bizkaia y Gipuzkoa con una ayuda de 200 euros mensuales debajo del brazo, aunque solo hasta los tres años. Con dos particularidades: La primera, que esta propuesta no deja de ser una rebaja de la petición realizada por EH Bildu para que se concediera una dotación de 150 euros al mes por descendiente, pero hasta los 18 años de edad.

Y la segunda peculiaridad es que, pese a ser la medida estrella de la jornada, esta ni siquiera fue sometida luego a votación, en un pleno en el que hubo que decidir sobre cientos de propuestas. PNV y PSE, partidos que sustentan al lehendakari, no concretaron la propuesta de Urkullu y la dejaron en «instar al Gobierno Vasco a elevar los estímulos que reciben las familias para la crianza, incrementando las ayudas directas por hijo/a a cargo, con una perspectiva de evaluación y progresión por etapas».

Cabe destacar que, según fuentes de EH Bildu, en la negociación para tratar de llegara un acuerdo intermedio entre su propuesta hasta los 18 años y la del lehendakari de 3, hubo propuestas para que precisamente se concretara un plazo que fuera ampliándose progresivamente durante la próxima década. Pero no fue posible.

Pleno estratégico

La mayoría de los grupos coincidieron en que el pleno de ayer abordaba un reto estratégico de la sociedad actual y de forma especial en la CAV, pero fue EH Bildu la que planteó la celebración de esa sesión monográfica.

Tras el debate matinal, se hizo un receso para que los grupos presentaran sus propuestas de resolución, y después continuaron las negociaciones entre ellos, algunas de las cuales venían ya de días anteriores. Se dio algún desencuentro entre los grupos del Gobierno y Elkarrekin Podemos-IU, que se retiró de tres transaccionales por entender que habían priorizado los acuerdos con el PP, lo que negaron PNV y PSE.

Entre estas estuvo la que contempla adecuar la oferta y demanda de plazas públicas en educación infantil 0-3 y conseguir a finales de 2023 la gratuidad de 0-2 años, reforzando el Consorcio Haurreskolak, como servicio público, universal, de calidad y gratuito. Se trata de una propuesta que con distinta redacción llevaban todos los grupos.

Transporte y permisos

EH Bildu no consiguió que el transporte público sea gratuito para los menores hasta 12 años, pero por lo menos sí que «revisen los precios y modifiquen las tarifas» para los jóvenes y se unifiquen en los tres territorios.

Con Elkarrekin Podemos-IU hubo acuerdo para «impulsar en el marco de sus competencias y con la implicación de los sectores implicados y los agentes sociales, la extensión progresiva a 18 semanas de los permisos de maternidad y paternidad, iguales e intransferibles, en el ámbito privado».

Con el PP se dio una aproximación en adoptar medidas para conseguir que en 2030 la edad de emancipación se sitúe por debajo de los 28 años y que ese mismo año la tasa de natalidad se haya incrementado un 15% sobre la actual, que es de las más bajas de Europa, y una materia en la que el Gobierno de Lakua no está obteniendo los objetivos previstos para 2024.

La Cámara también insta a «ampliar la edad para la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de descendientes menores, desde los actuales 3 años hasta los 14 años, con efectos retroactivos al curso 2021-2022».

Además se solicita incrementar el gasto público en vivienda para jóvenes, y el porcentaje de personas de 26 a 34 años que se benefician del mismo.

A la Cámara le quedará ahora la labor de ir controlando que el Gobierno vaya adoptando estas decisiones, además de aquellas que ayer decidió poner en primera plana para que se llevaran todos los titulares.