El Gobierno navarro no tiene garantizado que el Parlamento, en la sesión del 9 de junio, dé el preceptivo visto bueno al decreto por el que aprueba la convocatoria de más de 3.500 plazas públicas en la Administración con el objetivo de reducir la temporalidad.

Tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces –que este lunes se ha celebrado en Gares con motivo del 900º aniversario de la fundación de la villa–, tanto Navarra Suma como EH Bildu han señalado que no está confirmado su apoyo a la iniciativa de Gobierno. En estos momentos, el Ejecutivo solo tiene garantizado el apoyo de los grupos que lo sostienen (PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu), que es insuficiente.

Los dos grupos, según han señalado sus portavoces, José Suárez y Bakartxo Ruiz, se han mostrado molestos por el procedimiento empleado, que no les permite presentar enmiendas.

«El decreto es una iniciativa del Gobierno, no podemos aportar, si no participamos no podemos aportar nada», ha señalado Suárez, que, en cualquier caso, ha añadido que Navarra Suma decidirá «cuando llegue el momento» de la votación.

Ruiz, por su parte, ha criticado tanto las formas como el fondo del decreto del Gobierno. «Compartimos con los sindicatos que no ha habido una negociación real para introducir cambios de calado, para corregir las deficiencias del decreto», ha manifestado. De este modo, ha destacado que EH Bildu «a día de hoy no está en disposición de dar por bueno ese decreto».

En este sentido, hay que recordar que los sindicatos ELA, Steilas, ESK y la Asamblea de Trabajadores Temporales de Nafarroa han criticado que el decreto mantiene altas tasas de temporalidad. 

Ruiz ha añadido que en el pleno de control de este jueves al Gobierno si acepa tramitar el decreto como proyecto de ley para que pueda ser modificado. «Creemos que se puede mejorar el contenido y compartimos cuestiones que han puesto encima de la mesa los sindicatos», ha señalado.

Para el PSN, «nadie puede estar en contra»

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, por su parte, ha señalado que «ningún partido político puede estar en contra de atajar la temporalidad en el empleo público y mejorar la calidad de los servicios».

Junto a ello, ha destacado que el decreto supone «un ejercicio de más autogobierno», por lo que espera «el compromiso del resto de fuerzas políticas».