El PP ya adelantó hace semana que apoyará este trámite, mientras que Podemos ha esperado a este lunes para confirmar que también votará a favor de su tramitación en la Cámara baja. Aun así, los ‘comunes’, la confluencia catalana de Unidas Podemos y que mantiene una posición más proclive a las posturas regulacionistas de la prostitución, de momento no ha desvelado el sentido del voto.

La propuesta que lleva el PSOE a su debate en el Pleno recoge la modificación del artículo 187 del Código Penal para que «castigue de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación».

Con este cambio, se impondría un castigo de prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses a quien, empleando violencia, intimidación, o abusando de una situación de superioridad, de necesidad de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución.

Esta proposición de ley también recupera la pena a aquellos que, con ánimo de lucro y de forma habitual, cedan bienes inmuebles o locales para favorecer el ejercicio de la prostitución. Es decir, a los dueños de los clubes y pisos donde se ejerce esta práctica.

Multa a la clientela

Además se multará a los clientes de la prostitución. Según recoge el texto en su exposición de motivos, «las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos».

«Estas personas representan la condición de posibilidad para que se produzca la prostitución», ha explicado el PSOE, que propone un «reproche penal»: una multa de 12 a 24 meses, que se eleva a prisión de 1 a 3 años y multa de 24 a 48 meses si la persona que presta el acto sexual es menor.

Sin tocar la pornografía

El texto no incluirá medidas para prohibir la pornografía, a pesar de las reclamaciones que se están realizando en este sentido. Fuentes del PSOE han explicado a Europa Press que tratar el tema de la industria del porno está descartado para esta medida, ya que su objetivo es actuar contra la trata con fines de explotación sexual y contra el ejercicio de la prostitución.

A pesar de que la tramitación saldrá adelante con el apoyo del PP y Podemos, siguen en el aire las dudas de la postura que tomarán los socios del Ejecutivo en el Parlamento, entre los que se encuentran el PNV y EH Bildu.