Más de 20 personas han sido detenidas en Bizkaia acusadas de formar parte de una trama que falsificaba documentos para cobrar la RGI que ha sido desarticulada. Las 23 personas arrestadas por la Policía española están acusadas de los delitos de organización criminal, estafa y falsedad documental.

Según ha informado la Delegación del Gobierno español en la CAV, la investigación se inició cuando los agentes de extranjería de la Policía española tuvieron conocimiento de que un hombre procedente de fuera del Estado se servía de otras personas para cobrar ilegalmente ayudas de Lanbide. Para ello, se ayudaban de certificados médicos de Osakidetza y empadronamientos en distintos Ayuntamientos, también falsos.

Tras las pesquisas, los investigadores descubrieron que el ‘modus operandi’ del ideólogo y principal sospechoso de la estafa consistía en crear identidades falsas sirviéndose de otras personas con el fin de cobrar ayudas públicas para el alquiler de vivienda (PCV) y de renta básica (RGI) destinadas a personas y familias sin recursos suficientes.

Dirigidos por el cabecilla «y en un segundo plano muy diferenciado», uno de los integrantes del entramado tenía como cometido presentarse físicamente en las oficinas de Lanbide con pasaportes falsificados para dar de alta a la persona ficticia haciéndose pasar por ella y realizar los trámites necesarios. Mientras, otros se dedicaban a alquilar viviendas y empadronar a la supuestas personas en los domicilios.

De acuerdo con la misma fuente, para lograr su objetivo, falsificaban pasaportes y certificados de empadronamiento, de forma que podían acreditar que una persona llevaba empadronada en la CAV tres años, requisito necesario para poder percibir las ayudas, y así cobrar desde el primer momento en que creaban la falsa identidad.

Para evitar que desde Lanbide se detectara alguna irregularidad, el cabecilla aleccionaba a los integrantes del entramado para que presentaran las solicitudes de ayuda en diferentes municipios de Bizkaia, como Durango, Santurzi, Berriz, Iurreta, Basauri, Getxo, etc.

Además, para impedir que les suspendieran las ayudas públicas por la no presentación física del solicitante ante las oficinas del servicio, falsificaban informes médicos y certificados de realización de cursos de formación.

Los investigadores constataron que el cabecilla había creado 62 identidades falsas. Cada persona dada de alta ingresaba una media de 857 euros mensuales, 625 por la ayuda destinada a la Renta de Garantía de Inserción y 250 por la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), lo que ha supuesto un desfalco de un 1.091.416 euros.

Detenciones y registros

Una vez realizada la investigación, la Policía española llevó a cabo un total de 23 detenciones en tres fases. En la primera, practicada en enero, procedió al arresto de una persona. Durante la segunda, materializada a finales de marzo, practicaron nueve detenciones más, entre las que destaca el principal investigado, y dos entradas y registros en domicilios.

Los investigadores intervinieron 22 pasaportes falsificados, 16 libretas bancarias con identidades falsas, 17 tarjetas de crédito, nueve teléfonos móviles, un disco duro externo y diversa documentación relacionada con Lanbide.

En una tercera actuación, llevada a cabo este pasado jueves, se produjeron las otras 13 detenciones.

Tras prestar declaración en la Jefatura Superior de la Policía española en Bilbo, quedaron en libertad con cargos. El Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbo se ha encargado del caso.