El Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa (TSJN) ha dado la razón a las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria del Ayuntamiento de Iruñea que habían interpuesto un recurso a través de los sindicatos Talde, CCOO, LAB y Solidari contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de la capital navarra. De este modo, se anula la privatización impulsada por Navarra Suma y declara que las trabajadoras tienen derecho a mantener sus contratos con el Ayuntamiento.

Los sindicatos han destacado que la sentencia ratifica las reivindicaciones de las trabajadoras que mantuvieron un largo proceso de lucha y movilización.

Según recuerda LAB, el Servicio de Atención Domiciliaria fue gestionado directamente por el Ayuntamiento de Iruñea en los años que Joseba Asiron fue alcalde, mientras que con la llegada de Navarra Suma se procedió a privatizar el servicio, «a pesar de que un artículo del convenio colectivo impedía hacerlo».

«En concreto, el citado artículo defendía la gestión directa de los servicios públicos y no se permitiría externalizar ningún servicio mientras el convenio estuviese vigente», explica LAB.

Navarra Suma, con el apoyo del PSN

Pese a ello, Navarra Suma, con el apoyo del PSN, no tuvo en cuenta el convenio y creó una empresa pública a la que subrogó todas las trabajadoras. Todo ello sin esperar al resultado del conflicto colectivo planteado por todos los sindicatos representados en el comité.

Frente a este decisión, las trabajadoras recurrieron a la huelga, a paros y movilizaciones. «Aunque sea tarde, por fin se ha hecho justicia», subraya LAB, que ha trasladado su felicitación a las trabajadoras, a quienes anima a seguir luchando por sus derechos, mientras que exige al Ayuntamiento que dé marcha atrás en la privatización de este servicio.

En una nota conjunta, Talde, CCOO, LAB y Solidari destacan que «la mejor gestión posible para un servicio tan delicado y estratégico como el de la Atención Domiciliaria es el directo, ya que este ámbito es un sector feminizado, con jornadas parciales y con condiciones precarias, con bajos salarios y dedicado a los cuidados». Por todo ello, consideran que debe tener la máxima protección y apoyo por parte de las instituciones públicas.