Podría ser un intento de Boris Johnson de distraer a la opinión pública después de escapar de la moción de censura interna a su liderazgo o quizás de unificar las posturas dentro de las filas conservadoras. Sin embargo, la reforma unilateral del Protocolo para el norte de Irlanda propuesta por Johnson le ha causado más problemas de los esperados.

El proyecto de ley, hecho público ayer, supondría la supresión efectiva de los controles aduaneros entre el norte de Irlanda y Gran Bretaña –lo que forzaría a instalar controles aduaneros entre el norte y sur de Irlanda, una violación de los términos del Acuerdo de Viernes Santo– y daría a los ministros del gobierno británico el poder de cambiar casi todos los aspectos del Protocolo de forma unilateral.

La iniciativa también pondría fin al control de la UE sobre las ayudas estatales y el IVA en el norte de Irlanda, además de eliminar al Tribunal de Justicia Europeo (TJE) como árbitro en cualquier conflicto comercial sobre el Protocolo.

El proyecto de ley no requiere el consentimiento de los representantes electos del norte de Irlanda y la Asamblea de Belfast no podrá dar su consentimiento a los términos originales del Protocolo en 2024. En su lugar, se pedirá a los parlamentarios que den su consentimiento a los nuevos acuerdos impuestos unilateralmente, sin la opción de restablecer el Protocolo tal y como se acordó en 2019.

Pero existe la posibilidad de que el proyecto de ley se quede en eso, un proyecto, ya que en estos momentos Johnson podría tener algunas dificultades para conseguir una mayoría Cámara de los Comunes debido a la oposición a su liderazgo en su propio partido.

Hay que recordar que hace una semana el primer ministro británico sobrevivió a una votación sobre su liderazgo en el Partido Conservador al que se opusieron 148 de los 359 diputados tories. Por ello, el aval a esta legislación se plantea difícil, ya que dentro de la formación existe una campaña contra el proyecto de ley, que acusa a Johnson de que, en su intento por complacer al unionista DUP, se arriesga a la violación de un acuerdo internacional y a una guerra comercial con la UE en plena crisis económica.

El único apoyo claro ha sido el del DUP,  que desde la firma del Acuerdo del Brexit mostró su oposición al Protocolo para el norte de Irlanda a pesar de las ventajas económicas que supone permanecer dentro del mercado único europeo y tener libre acceso al mercado interno británico, al sentir que los controles aduaneros en el mar de Irlanda son una grieta en su aspiración a seguir bajo jurisdicción británica.   

Malestar en el norte de Irlanda Precisamente ese trato de deferencia de Johnson hacia el DUP ha causado malestar en el resto de partidos norirlandeses. La líder del Partido de la Alianza, Naomi Long, se negó a mantener una sesión informativa sobre el proyecto de ley, apuntando que su formación no legitimaría una propuesta legislativa de la que se ha excluido la opinión de los partidos norirlandeses, con la excepción del DUP.  La líder de Sinn Féin, Michelle O’Neill, coincidió con Long en acusar a Londres de ignorar la voluntad de la mayoría de los norirlandeses e insistió en que el proyecto de ley es una «clara violación de un acuerdo internacional negociado y firmado por Johnson».

Tanto es así, que los 52 representantes del Partido de la Alianza, Sinn Féin y SDLP en la Asamblea de Belfast firmaron una carta conjunta que rechaza la propuesta de ley.
El Gobierno de Dublin, por su parte, ya ha advertido de que buscará una opinion legal sobre la propuesta de ley.