Las miles de personas de los alrededores de la incineradora de Zubieta tienen el problema de convivir con una especie de tótem, una instalación considerada mágica, con una connotación ideológica profunda, y que sus defensores tienen interiorizada como un emblema de su clan. Su pervivencia y mantenimiento está al margen del análisis racional de coste y beneficio social, porque hace años que dos palabras escritas por el hoy todavía diputado general de Gipuzkoa demostraron que solo obedece a criterios de élites que firman, comen y beben muy por encima del bien y del mal. En su día tuvieron que admitir el cambio de trazado de la autovía de Leitzaran y no estaban dispuestos a volver a dar su brazo a torcer. Ni siquiera la evolución de las normativas europeas y las necesidades locales les llevó a adecuar un macroproyecto que se les había convertido en cuestión de honor.

Hoy la incineradora de Zubieta es ciertamente un complejo medioambiental y sobre todo político, entendido el término en su concepción psicológica. Los incidentes que se van conociendo: vertidos peligrosos, averías en el transformador y 86 paradas en su primer año de funcionamiento urgen, por un lado, a que GHK y la Diputación de Gipuzkoa den explicaciones claras a sus conciudadanos y, por otro lado, a que se haga una evaluación independiente de su funcionamiento. Sin embargo, las autoridades callan y mantienen el encastillamiento de quien mira al resto por encima del hombro.

Hace poco más de un mes, el 7 de mayo, conocimos que el transformador principal de la planta incineradora está parado porque sufrió un «accidente industrial grave», que lo inutilizó para la generación de electricidad, que se supone que es precisamente el objetivo de semejante instalación. El transformador principal averiado ha sido sustituido por uno provisional que ni de lejos alcanza los estándares previstos. Los datos que ofreció GuraSOS sobre esta grave avería fueron encajados con un silencio pétreo por parte de las autoridades, consiguiendo con complicidades mediáticas que buena parte de la ciudadanía permanezca ajena a esta realidad.

El 1 de junio publicamos que la incineradora de Zubieta sufrió 86 paradas y arranques durante su primer año de funcionamiento en sus dos líneas de incineración, cuando la recomendación europea es evitar este tipo de paradas y arranques con el fin de reducir las emisiones al aire. Recordábamos que durante todo 2021, la incineradora de Zabalgarbi, en Bizkaia, solo registró tres paradas. El anormal funcionamiento de Zubieta provoca que se superen los límites de emisiones de diversas sustancias contaminantes.

Ahora se ha sabido que el Juzgado de Instrucción número 5 de Donostia ha acordado más imputaciones y la práctica de diversas pruebas nuevas en relación con el vertido tóxico a la regata de Arkaitzerreka y que tuvo su origen en un derrame de amoniaco generado en la incineradora de Zubieta.

¿Y cuál es la respuesta de las autoridades a todas estas informaciones que debieran preocuparles? Oficialmente, ninguna. Pero a lo lejos, saliendo del despacho del diputado general, Markel Olano, se escucha un «ongi egiña». Es lo que escribió en un tuit cuando en 2013 GARA desveló que la Diputación había gastado 2.860,65 euros de todos en una comida y una cena con angulas para celebrar con los bancos el contrato de financiación de la incineradora. Dos palabras que ni entonces ni ahora tienen sentido. Como la obcecación de seguir con la incineradora.