A la reunión con la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana mantenida este miércoles en Madrid han acudido por parte alavesa el alcalde de Argantzon y las alcaldesas de Donemiliaga y Asparrena, así como la presidenta del Concejo de Andoin y representantes de los de Okariz y Gazeo. Por parte navarra, las alcaldesas de Etxarri Aranatz y Arakil, y los alcaldes de Irurtzun, Lakuntza y Oltza Zendea, así como el presidente del Concejo de Munain.
En cuanto a la comisión parlamentaria, han asistido diputadas y diputados de EH Bildu, PSOE, Podemos y Ciudadanos.
A ellos les han reclamado «que se ejecute con celeridad» la partida de 200.000 euros, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para este 2022, destinada a la redacción de un estudio informativo de mejora y adecuación de las infraestructuras ferroviarias en el eje Burgos-Gasteiz-Iruñea-Zaragoza para facilitar «la circulación de trenes de altas prestaciones y tráfico mixto (viajeros y mercancías)».
En total, son 50 ayuntamientos y concejos navarros y alaveses los que han suscrito en los últimos dos meses un manifiesto en el que, entre otras cuestiones, se reclama que se mejore el actual servicio ferroviario en ambos «corredores» y muestran su «preocupación» por los proyectos de alta velocidad que se han venido anunciando en los últimos años.
«La alta velocidad no es la solución»
Esta iniciativa institucional se puso en marcha en marzo pasado y tiene como objetivo «repensar la actual red ferroviaria de tal forma que dé una solución real al transporte de mercancías y viajeros, mejorando los tiempos en destino y facilitando la cohesión y vertebración territorial».
«Creemos que la alta velocidad no es una solución para nuestros pueblos. Se trata de infraestructuras que afectan gravemente a nuestros núcleos urbanos, así como a nuestro entorno rural y que tienen grandes impactos medioambientales», han explicado Txelo Auzmendi y Aitor Lazarra, alcaldesa de Asparrena y alcalde de Irurtzun, respectivamente.
Han recordado que esos proyectos «están siendo cuestionados por cada vez más entidades e instituciones». «La última –han añadido– ha sido la Unión Europea, que, en el marco de la revisión del reglamento de la red transeuropea de transporte, propone sustituir estas líneas de alta velocidad por la modernización de las infraestructuras ferroviarias actuales».
También se han hecho eco de que «el Tribunal de Cuentas Europeo aseguró que lo ya proyectado no se culminará hasta 2030, que los sobrecostes y retrasos se han convertido en norma, y que las velocidades prometidas no se están alcanzando».
Asimismo, han señalado que desde el movimiento social se está trabajando en una alternativa y que, ya en mayo de 2021, plataformas populares a favor del tren y las principales centrales sindicales ferroviarias del Estado solicitaron al Gobierno español «la adecuación y mejora de los trazados actuales del ferrocarril», además de «la reorientación de la planificación del proyecto ferroviario actual para la circulación de trenes de altas prestaciones por los corredores actuales mejorados y adaptados para tal fin».
La propuesta para el tramo Agurain-Ziordia se adjunta a este texto.
En la reunión de hoy han solicitado a los representantes de la comisión parlamentaria que se estudien alternativas y se trabaje «en pro de una solución eficaz en lo económico y en lo social» que de servicio a los núcleos afectados.