El Gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, presenta este miércoles en el Parlamento un proyecto de ley que facultará a los jueces británicos a no implementar algunas decisiones y jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

La nueva Ley de ‘Derechos’ hará explícito que la máxima instancia judicial en cuestiones de derechos humanos es el Tribunal Supremo de Gran Bretaña y que las medidas cautelares dictadas por el Tribunal de Estrasburgo, como las que bloquearon la semana pasada la deportación de demandantes de asilo a Ruanda, no serán vinculantes.

El ministro de Justicia y viceprimer ministro británico, Dominic Raab, insiste en que la intención no es retirar al país de la Convención Europea de Derechos Humanos, cuyo cumplimiento garantiza el TEDH, una corte internacional ajena a la Unión Europea fundada en 1959.

La nueva legislación permitirá a los jueces ignorar decisiones de la corte tomadas a través de la llamada Regla 39, que el tribunal europeo define como «medidas urgentes que, de acuerdo con las prácticas establecidas por la Corte, se aplican solo cuando existe riesgo inminente de daño irreparable».

«La Ley de Derechos fortalecerá nuestra tradición británica de libertad, al tiempo que inyectará una saludable dosis de sentido común en el sistema», asegura el ministro.

Abandonar la Convención

El Tribunal de Estrasburgo congeló la semana pasada las primeras deportaciones de solicitantes de asilo desde Gran Bretaña a Ruanda, que ha accedido a recibir y mantener en su territorio a los solicitantes de asilo a cambio de dinero y prebendas para su régimen conocido por sus violaciones de derechos humanos.

Tras esa decisión, varios diputados conservadores exigieron al primer ministro, Boris Johnson, que el país abandone la Convención Europea de Derechos Humanos. A ese respecto, un portavoz del jefe de Gobierno advirtió que «todas las opciones están sobre la mesa».

La nueva ley facilitará asimismo la deportación de extranjeros convictos, al restringir las circunstancias en la que pueden alegar su derechos a la vida familiar para impedir su traslado a su país de origen.

Rebajará también las barreras para incrementar el uso de centros de internamiento segregados para yihadistaS, al limitar las apelaciones basadas en su derecho a la socialización.