![Manifestación de sensibilización en el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, el pasado 12 de junio, en la ciudad india de Chennai.](/media/asset_publics/resources/000/912/821/article_main_landscape/WorkIndia.jpg)
En 50 de los 148 estados cubiertos por la novena edición del ‘Índice Global de los Derechos’, se constató que hubo trabajadoras y trabajadores que fueron sometidos a violencia física, cuando en el periodo anterior se registró en 45.
En 13 de esos países la violencia acabó con la vida de sindicalistas. Así ocurrió en Colombia, Ecuador, Guatemala, Italia, India y Sudáfrica. Además, se registraron arrestos y detenciones arbitrarias de trabajadoras y trabajadores en 69 estados.
Los diez peores en esta clasificación de 2021-22 son, por orden alfabético, Bangladesh, Bielorrusia, Brasil, Colombia, Egipto, Eswatini, Filipinas, Guatemala, Myanmar y Turquía, según el informe elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI).
En el continente americano, muchos países, incluyendo Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras, fueron escenario de ataques violentos contra sindicalistas y trabajadores.
La peor región para los trabajadores es la de Oriente Medio y Norte de África, que sufre situaciones de «violaciones sistemáticas de los derechos». El continente americano es el segundo mejor sobre cinco, detrás de Europa.
Colombia, el más mortífero
Colombia sigue siendo el país más mortífero para trabajadores y sindicalistas, con 13 muertes violentas en 2021-2022, tal como indica el informe. Además se registraron seis «intentos de asesinato» y 99 «amenazas de muerte», y ocho sindicalistas fueron detenidos de forma arbitraria.
«La mayor parte de los crímenes siguen sin resolverse, ya que el Gobierno no ha llegado a investigar los casos. Al no otorgarles la protección adecuada, las vidas de los sindicalistas y sus familias continúan permanentemente amenazadas», precisa la CSI.
En cuanto a Brasil, la situación «continuó deteriorándose, dado que empleadores y autoridades violaron regularmente sus derechos colectivos básicos».
Desde la adopción de la ley 13.467 que introduce reformas regresivas al Código Laboral, «todo el sistema de negociación colectiva se ha desmoronado en Brasil, con una drástica disminución del 45% en el número de convenios colectivos concluidos».
«La mano de obra, especialmente en el sector sanitario y la industria cárnica, tuvo que hacer frente a las duras consecuencias de la pésima gestión de la pandemia de coronavirus por parte del presidente (Jair) Bolsonaro, con un deterioro de sus condiciones de trabajo y el debilitamiento de las medidas de salud y seguridad», indica la CSI.
En el caso de Guatemala, que empeoró su clasificación, menciona «la violencia antisindical endémica, junto con la impunidad de quienes cometen esos actos violentos».
De Coca-Cola a Amazon
«Los trabajadores y las trabajadoras están viviendo en primera línea las repercusiones de múltiples aspectos de las crisis: unos niveles históricos de desigualdad, la emergencia climática, la pérdida de vidas y de medios de subsistencia a raíz de la pandemia, y el impacto devastador de los conflictos», ha afirmado la secretaria general de la CSI, Sharan Burrow, según ha informado AFP.
El estudio muestra «cómo esta inestabilidad es explotada tanto por gobiernos como por empleadores que atacan los derechos de los trabajadores», ha lamentado la confederación en un comunicado de prensa.
Entre las empresas, menciona a los gigantes Coca-Cola en Hong Kong y Uruguay; H&M en Nueva Zelanda; Amazon en Polonia; Nestlé en Brasil; y Hyundai en Corea del Sur.
La CSI reprocha a esas compañías haber violado los derechos de los trabajadores, estar «vinculadas» a esos abusos o no haber utilizado su «influencia» para combatirlos.
Confederación Sindical Internacional agrupa a 308 organizaciones afiliadas en 153 países y territorios de los cinco continentes, con un total de 175 millones de trabajadores, de los que 40% son mujeres.
Por su parte, la Organización Internacional de Empleadores (OIE), contactada por AFP antes de la publicación del citado informe, ha destacado que «la mejor manera de asegurar un medio ambiente de trabajo seguro consiste para los gobiernos en ratificar y hacer aplicar las convenciones» de esta asociación patronal.
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