El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que el Gobierno español «está en contra y se ha opuesto» a los controles fronterizos instaurados por el Ejecutivo francés en la muga entre Gipuzkoa y Lapurdi, donde han fallecido nueve personas migrantes ahogadas desde abril de 2021. El pasado 18 de junio murió Abderrman Bas, un joven guineano de 25 años que perdió la vida en aguas del Bidasoa.

El diputado del PNV Iñigo Barandiaran ha denunciado lo ocurrido en el pleno de control del Congreso, donde ha preguntado al Ejecutivo de Pedro Sánchez «qué es lo que piensan hacer para preservar los derechos fundamentales de los migrantes que están en tránsito hacia Europa».

En su respuesta, Grande-Marlaska ha señalado que el Gobierno español se opuso a la reforma del código de frontera Schengen para poder permitir el establecimiento de controles internos, «porque entendemos que puede perturbar la naturaleza y la esencia de los que es el código de fronteras Schengen», que garantiza la libre circulación de personas entre algunos países de la Unión Europea.

Según ha explicado, «nosotros somos partidarios de una protección efectiva de las fronteras exteriores de la UE pero de la libertad de deambulación en el marco de la UE. Y la protección de las vida, de los migrantes irregulares o regulares y de los no migrantes, es una de nuestras principales preocupaciones».

En este sentido, ha indicado que efectivos de la Guardia Civil controlan por vía marítima y aérea el río Bidasoa «para evitar tragedias». Sin embargo, la presencia de los uniformados, que han participado en controles conjuntos con la Gendarmería francesa, no ha impedido que dos persona hayan muerto ahogadas este año.

Barandiaran ha manifestado que el patrón de esas muertes «es el miedo y una trato inhumano y degradante». Ha destacado que la muerte de 38 personas en la frontera de Melilla, «en una frontera externa de la UE, es inaceptable, pero que suceda en una frontera interna es simplemente indefendible».