La denuncia de la decisión del Consejo Constitucional francés del 2021 contra el artículo sobre sistema inmersivo en las lenguas minorizadas de la Ley Molac, ha llegado hasta la ONU. El Consejo de los Derechos Humanos ha mostrado su preocupación respecto a las consecuencias que podría tener en los derechos de las minorías lingüísticas.

En el comunicado de la Relatoría especial de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, ha expresado su «preocupación de que la adopción y la aplicación de dicha decisión pueda causar vulneraciones importantes de los Derechos Humanos de las minorías lingüísticas de Francia».

El Constitucional sentenció el 21 de mayo del pasado año que la enseñanza en sistema inmersivo en las lenguas minorizadas del Estado, como el euskara, es anticonstitucional. Es decir, en Ipar Euskal Herria, las ikastolas y ciertas clases de centros públicos o privados católicos serían contrarias a la Constitución.

El pasado 31 de julio, se envió desde la ONU una carta al Gobierno francés, en la que pide que proporcione información sobre la implementación de los artículos de la ‘Ley para la protección y promoción de las lenguas regionales’, también conocida como Ley Molac, por el nombre del diputado que la presentó ante la Asamblea Nacional francesa, y como ha afectado la decisión del Constitucional.

La carta añade que la decisión puede «vulnerar la dignidad, la libertad, la igualdad y la no discriminación, así como la identidad de las personas con lenguas y culturas históricas minoritarias de Francia», lo que supone una contradicción respecto al Pacto Internacional Relativo a los Derechos Civiles y Políticos, Convención sobre los Derechos de la Infancia y el Pacto Internacional sobre los Derechos económicos, sociales y culturales.

ELEN

Dicho comunicado llega como respuesta a la queja formal que la Red Europea por la Igualdad Lingüística (ELEN por sus siglas en inglés) hizo llegar a la Relatoría Especial para las Minorías de las Naciones Unidas en 2021.

La decisión ha sido tomada por tres relatores especiales: el sudafricano Fernand de Varenes, de ámbito de las Minorías; la griega Alexandra Xanthaki, de los Derechos Culturales; y la burkinesa Koumbou Boly Barry, de los Derechos a la Educación.

Los Estados normalmente suelen responder a la Relatoría Especial en tres o cuatro meses, dando detalles sobre las medidas que han tomado respecto.

Ley Molac

La ‘Ley para la protección y promoción de las lenguas regionales’ fue votada por una gran mayoría en la Asamblea Nacional francesa en abril del 2021, en la que se proporcionaban ciertos derechos a las lenguas minorizadas del Estado. El Consejo Constitucional sentenció que dos de sus artículos eran contrarios a la Constitución, el de mayor relevancia es que establece que la enseñanza en inmersión como la que ofrecen las ikastolas de Seaska es anticonstitucional.

Tras numerosas protestas y negociaciones, el Ministerio de Educación publicó una circular en la que establecía cuáles eran las condiciones para poder ofrecer la enseñanza en inmersión tanto en los centros públicos como privados, algo que ofrece una mayor cobertura legal que la situación anterior.

El otro artículo declarado anticonstitucional por el Consejo es el que se refiere a inscribir en el registro civil nombres con signos diacríticos como la ‘ñ’ en euskara, que supondría que Beñat, Iñaki, Eñaut… serían anticonstitucionales, así como los apellidos castellanos y portugueses como Núñez o Cañizares.

Cada vez más escuelas en sistema inmersivo

Aunque todos los representantes de enseñanza en lenguas minorizadas señalan que se trata tan solo de una circular, lo que no ofrece seguridad legal, ya que puede ser revocada en cualquier momento.

Tras el fallo del Constitucional el número de escuelas que ofrecen el sistema inmersivo en las escuelas públicas de Ipar Euskal Herria aumenta a mayor velocidad, el pasado curso se instaló en tres escuelas (una de ellas privada) y el próximo curso será en tres o cuatro escuelas públicas.