El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha presentado este miércoles en los juzgados de Barcelona una querella contra la exdirectora del CNI Paz Esteban y contra la empresa NSO Group, propietaria del software Pegasus, por el caso de espionaje en su teléfono móvil.

La querella, recogida por Europa Press, considera que Esteban y NSO Group pueden haber incurrido en presuntos delitos de intrusión no autorizada en equipos informáticos, de intercepción ilegal de comunicaciones, de espionaje informático y de producción y adquisición para el uso de 'spyware', así como «otros delitos contra los derechos fundamentales».

Por eso, solicita al juzgado sobre el que recaiga la querella que la admita a trámite y ordene «de forma inmediata» las diligencias para evitar la prescripción de los hechos y la impunidad de los delitos que se han cometido, y garantizar la protección de sus derechos.

Auto de la Audiencia Nacional

Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha solicitado al CNI que conserve la información volcada de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Agricultura, Luis Planas; como parte de su investigación sobre el espionaje con Pegasus a través de sus terminales.

En un auto de este mismo miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 explica que junto con la denuncia formulada por la Abogacía del Estado y su posterior ampliación se incluyeron cuatro informes del CNI sobre el análisis de los dispositivos móviles del presidente del Gobierno español y los tres ministros en los que se realizó una copia de seguridad de los dispositivos, así como un volcado físico de los discos.

Calama considera que «surge la necesidad de retener y conservar los efectos o instrumentos relacionados con el delito instruido en la presente causa», por lo que acuerda librar un requerimiento a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, para que así se haga.

«Procede acordar la conservación, a disposición de este órgano judicial, de todos los volcados de información verificados sobre los terminales telefónicos referenciados, así como de cuanta información haya podido ser extraída de ellos, y de los informes de toda clase, sean preliminares, definitivos, o de cualquier otro tipo, elaborados al efecto», detalla el magistrado.

Asimismo, recuerda, que la ley establece que «los efectos que pertenecieran a la víctima del delito serán restituidos inmediatamente a la misma, salvo que excepcionalmente debieran ser conservados como medio de prueba o para la práctica de otras diligencias, sin perjuicio de su restitución tan pronto resulte posible».