El lehendakari Iñigo Urkullu se ha mostrado sorprendido por las declaraciones en las que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, considera «difíciles de asumir» cuatro competencias pendientes de traspaso a las instituciones autonómicas recogidas en el cronograma elaborado por su Ejecutivo. Una polémica similar ya saltó en enero entre ambas instituciones.

Urkullu ha hecho esta reflexión en la recepción al alumnado y a los responsables de los Cursos de Derecho Internacionales de Gasteiz, donde ha respondido a las palabras de Sánchez en contestación al PNV en el Debate del Estado de la Nación, en el que el presidente asumió que existe una «cierta parálisis» en el proceso de traspasos pendientes.

Sánchez: «Ministerios en contra»

En concreto, citó la meteorología, la ordenación y gestión del litoral, el fondo de protección a la cinematografía y las autorizaciones iniciales de trabajo para personas extranjeras y dijo que en esos puntos «los ministerios se han mostrado en contra de que sea posible proceder a negociar ese traspaso».

El lehendakari ha hecho hincapié en que esas cuatro competencias están incluidas en el cronograma de traspasos que elaboró en 2020 el propio Gobierno español que, ha recordado Urkullu, no está cumpliendo.

«El Gobierno español es renuente a cumplir el Estatuto. Ayer [por el miércoles] lo confirmó el propio Sánchez al rechazar cuatro traspasos. Tengo que reconocer que escuché con sorpresa que calificara como no transferibles algunas competencias que su propio gobierno tiene incluidas en el listas de materias pendientes», ha afirmado.

Urkullu no hará más de momento

Urkullu ha indicado que va a esperar a conocer la resolución final a las cinco propuestas de traspaso que la CAV ha enviado al Gobierno español para hacer una valoración sobre este asunto. «Hasta entonces no vamos a hacer más comentarios, pero solo le pregunto al presidente si unilateramente cree que el Estatuto está cumplido», ha cuestionado.

Asimismo, el lehendakari ha vuelto a apostar por un nuevo marco jurídico y político de respeto a los consensos básicos y a una legalidad que «debe evolucionar» para que el respeto a la voluntad popular «encuentre un cauce de aplicación y un entronque en el ordenamiento jurídico».

«Vivimos un nuevo tiempo que el Estado debe leer adecuadamente y asumir la diversidad y las voluntades sociales mayoritarias diferenciadas que existen y plantear un nuevo modelo de Estado que tenga su reflejo en el plano europeo e internacional», ha reclamado.