El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha abierto juicio oral contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en la causa por presuntamente fraccionar contratos para favorecer a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), lo que abre la puerta a una posible suspensión como parlamentaria dado que el reglamento de la Cámara lo prevé en casos de apertura de juicio firme por delitos relacionados con la corrupción.

En un auto de este martes ya notificado a las partes y consultado por Europa Press, el tribunal ha dictado la apertura de juicio por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental para Borràs, su amigo Isaías H. –que supuestamente se favoreció de los contratos– y a Andreu P., que presuntamente lo ayudó a preparar los presupuestos y facturas que presentaba a la ILC.

A la misma hora que se ha conocido este paso judicial estaba reunida la Mesa del Parlament. Será el próximo jueves en una reunión extraordinaria cuando este órgano decidirá si suspende a Borràs en todas sus funciones, en aplicación del artículo 25.4 del Reglamento, que obliga a suspender a un diputado si se abre juicio oral contra él en un caso de corrupción.

La presidenta del Parlament ha confirmado a los miembros de la Mesa que aún no ha recibido la notificación del TSJC sobre la apertura de juicio oral y, en consecuencia, se ha decidido posponer el debate sobre esta cuestión hasta el jueves, en que la Mesa mantendrá una nueva reunión a las 12.00 con ese como único punto del orden del día.

En varias ocasiones, Borràs ha defendido su inocencia y que nunca ha cometido ningún delito, ni de corrupción ni de ningún otro tipo, y ha rechazado dimitir al frente de la Presidencia del Parlament, además de apelar a su presunción de inocencia para que no le aplique el artículo 25.4.

Una vez dictada esta apertura de juicio oral, una decisión que no se puede recurrir, los abogados de los acusados tienen 10 días para presentar sus escritos de defensa y después el tribunal fijará la fecha para el juicio, lo que previsiblemente ocurrirá a partir de setiembre porque el mes de agosto no es hábil en los tribunales.

Hasta seis años de cárcel

En esta causa, la Fiscalía ha reclamado para Borràs una pena de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación, además de multarla con 144.000 euros, por los presuntos delitos continuados de prevaricación y falsedad documental.

Para Isaías H. también reclama 6 años de cárcel, 21 de inhabilitación y una multa de 72.000 euros, y para Andreu P. la Fiscalía ha pedido una pena de tres años de prisión, 10 de inhabilitación para cargos públicos y una multa de 30.000 euros.

Esta causa la juzgará la Sala Civil y Penal del TSJC porque Borràs, como presidenta del Parlament, es aforada a este tribunal, aunque ella pidió que la juzgara un jurado y el tribunal lo descartó.

El magistrado Carlos Ramos, que ha instruido el caso, ve «razonabilidad y consistencia» en las acusaciones de la Fiscalía a partir de los indicios recabados en la investigación, y recuerda que la acusación hasta ahora se basa en indicios que no comprometen la presunción de inocencia de los acusados, que se valorará en el juicio.

La acusación de la Fiscalía parte de que Borràs, como directora de la ILC, era la responsable de las contrataciones y supuestamente ella e Isaías H. se pusieron de acuerdo para adjudicarle varios encargos relacionados con la web de la institución, «fraccionando indebidamente en diferentes contratos» estos trabajos que hacía de manera recurrente y por los que en total cobró 335.700,29 euros.

Voces dispares en el independentismo

Por su parte, el diputado de Junts Francesc de Dalmases ha mostrado su apoyo a la presidenta del Parlament ante la apertura de juicio oral, alegando que en este caso «nada no es ni ha sido casual».

«Como cada día desde el 2017, tienes un apoyo amplio y extenso en el seno del independentismo. Pero eres, también, esta indisimulada diana para los que quieren que no cambie nada. A tu lado, presidenta y querida Laura Borràs. Nada no es ni ha sido casual», ha escrito Dalmases en su cuenta de Twitter.

Ahora, el futuro político inmediato de Laura Borràs queda en manos de ERC y la CUP, que junto al PSC se inclinan por aplicar el artículo del reglamento de la Cámara catalana que conduciría a su suspensión como diputada.

Así lo han explicado en sendas ruedas de prensa este martes a la tarde portavoces de los tres partidos, con lo que previsiblemente la suspensión saldrá adelante únicamente con el voto en contra de Junts.

Tanto el PSC como ERC y la CUP han vuelto a pedir a la presidenta que se aparte y deje el cargo por propia iniciativa, antes de que se vote su suspensión en la Mesa.

La aplicación o no del artículo 25.4 deberá discutirse en la Mesa del Parlament, en la que JxCat cuenta con dos votos –Laura Borràs y Aurora Madaula–, el PSC tiene otros dos –Assumpta Escarp y Ferran Pedret–, ERC también dos –Alba Vergés y Ruben Wagensberg– y uno la CUP –Carles Riera–. Borràs no puede participar en la votación por conflicto de intereses.

Si la Mesa determina que los delitos de prevaricación y falsedad documental por los que se la acusa encajan dentro del concepto de corrupción, deberá aplicar el artículo 25.4, pero el caso podría ser derivado al pleno, o bien a la Comisión del Estatuto del Diputado –presidida por el diputado de JxCat Jaume Alonso-Cuevillas, próximo a Borràs– si la Mesa tiene dudas sobre cómo proceder.

Ese dictamen podría establecer que a Borràs no se le puede aplicar el artículo 25.4, denunciando motivaciones políticas detrás del caso o apelando a las razones jurídicas de dos informes de los letrados de la Cámara, que consideran que puede ser inconstitucional al vulnerar derechos como el de la presunción de inocencia, aunque en cualquier caso ese dictamen deberá ser aprobado por mayoría.

ERC ha subrayado que «no puede haber tolerancia hacia la corrupción», pero está dispuesta a negociar con JxCat que Aurora Madaula, secretaria segunda de la Mesa, asuma las funciones delegadas en lugar de la republicana Alba Vergés, vicepresidenta primera.

Sectores de JxCat abogan por abandonar el Govern ante la falta de avances en el proceso independentista y, en caso de que ERC votase a favor de suspender a Borràs, estas voces arreciarían, lo que podría conducir a un pulso interno en Junts entre pragmáticos partidarios de permanecer en el Ejecutivo y defensores de pasar a la oposición.

Segundo procesamiento

La apertura de juicio dictada este martes llega después de que en junio Borràs fuera procesada por segunda vez en esta causa: el instructor ya la había procesado en marzo pero su defensa recurrió la decisión alegando que se había vulnerado su derecho de defensa.

El tribunal estimó el recurso, retomó la instrucción y, tras haber hecho nuevos interrogatorios, la dio por terminada otra vez y continuó los trámites hasta la apertura de juicio.