El 2 de agosto de 1968 ETA acabó con la vida de Melitón Manzanas, inspector de la Policía española, antiguo colaborador de la Gestapo y conocido por dirigir y participar en sesiones de torturas y malos tratos, tal y como recoge el informe de la Comisión de Valoración validado por el Gobierno de Lakua, a pesar de lo cual ha sido recordado por el llamado Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, desoyendo la petición de Foro Social.

La respuesta de la dictadura franquista no se hizo esperar y al día siguiente, decretaba el estado de excepción en Gipuzkoa, que se prolongaría durante ocho meses, ya que desde su implantación se prorrogó por tres meses más el 31 de octubre, a los que se sumó el hecho de que el 24 de enero se aplicó esta medida en todo el Estado para tres meses.

Arrancaba así «un régimen de excepcionalidad, caracterizado por el ejercicio de una represión indiscriminada, haciéndose cotidianos los registros domiciliarios, las detenciones masivas, los destierros y la tortura», como ha recordado Javier Buces, historiador de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y coautor del libro ‘Gipuzkoa en estado de excepción, 1968’, que reconstruye lo sucedido a partir de los documentos oficiales que fueron desclasificados 50 años después de los hechos.

Durante los ocho siguientes meses, el Cuerpo General de Policía, la Policía Armada y la Guardia Civil se emplearon a fondo en una «persecución ideológica del nacionalismo e independentismo vasco en cualquiera de sus vertientes», en una vuelta de tuerca a una estrategia que ya se estaba aplicando, según se detalla en ‘Gipuzkoa en estado de excepción, 1968’.

Al respecto, Buces añade que se trataba de «una especie de nostalgia represiva, de persecución ideológica, mediante la cual, las fuerzas policiales y judiciales de la dictadura volvieron a generalizar las acusaciones de ‘rojo-separatista’ o ‘vasco-separatista’, imputaciones que años atrás habían condenado a muerte, a décadas de cárcel, a trabajos forzados o al exilio a miles de vascos».

Las fuerzas represivas tiraron de archivo para detener a gentes que estaban en su radar. Solo el 5 de agosto fueron detenidas 42 personas, aunque el balance final fue de al menos 279 represaliados. Como el estado de excepción suspendía varios artículos del ‘Fuero de los españoles’, las personas detenidas permanecieron entre 8 y 10 días incomunicadas en dependencias policiales, aunque hubo casos de 12, 14, 15 y hasta 17 días.

56 desterrados y 79 torturados

Un total de 56 de las personas arrestadas fueron desterradas y emplazadas en diferentes puntos del Estado. La mayoría habían sido detenidas durante la primera semana de estado de excepción y a 50 se les vinculó con organizaciones nacionalistas, con 35 de ellas definidas como de «ideología nacionalista vasco separatista». Las otras seis fueron relacionados con actividades del Partido Comunista o simplemente se les calificó de «comunistas».

A pueblos de Andalucía fueron llevados 25 desterrados, once a Extremadura y otros tantos a Castilla-León, mientras que siete terminaron en Castilla-La Mancha y el mismo número en Aragón. Muchos de ellos sufrieron enormes penurias económicas, igual que sus familias.

La brutal represión desatada también se hizo presente a través de las 107 personas procesadas por el Tribunal de Orden Público y al menos 21 fueron condenadas en consejos de guerra.

Y se plasmó de manera descarnada en las 79 personas que denunciaron haber sufrido torturas o malos tratos en Gipuzkoa a lo largo de 1968, con casos especialmente terribles, como el de Andoni Arrizabalaga o el del sacerdote Juan María Zulaika.

Del primero de ellos, se conservan imágenes de su cuerpo amoratado y que son la fotografía más antigua de una persona torturada en Gipuzkoa, según ha señalado el forense Paco Etxeberria. Arrizabalaga fue arrestado el 18 de agosto en Ondarroa y llevado a Zarautz para seguir incomunicado. Su suplicio lo dejó plasmado Telesforo Monzón en la canción ‘Itziarren semea’.

Por su parte, el caso de Zulaika refleja la especial inquina con la que se persiguió a sacerdotes vascos, ya que 65 fueron investigados por el Gobierno Civil de Gipuzkoa por ser «de significación separatista». Algunos fueron desterrados y se allanaron varios centros religiosos.

Esa persecución llegó también a los abogados que denunciaron la violación de derechos humanos, que fueron acusados de connivencia con organizaciones clandestinas. Varios fueron detenidos y Miguel Castells y Artemio Zarco terminaron desterrados.

Como reacción al clima de represión y a pesar de él, se sucedieron las protestas, que fueron numerosas y de todo tipo. Así, mil universitarios se declararon en huelga el 9 de diciembre y el día 22 de ese mismo mes, entre 200 y 300 personas se encerraron en la catedral del Buen Pastor. El 20 de enero de 1969, día grande de Donostia, se produjo un boicot general.

Además, se realizaron manifiestos de denuncia, como el suscrito por ANV, PNV, PSOE, UGT, ELA y CNT, o las cartas enviadas por Nemesio Etxaniz al gobernador civil de Gipuzkoa para poner en evidencia las torturas sufridas por los detenidos.

Represión «indiscriminada»

El objetivo final del estado de excepción era «vengar una muerte mediante el castigo de amplias capas de la sociedad», señala el historiador Javier Buces, quien añade que se trataba de «una represión indiscriminada» que hacía responsable no solo a los ejecutores, sino, además, tal y como rezaba ‘La Hoja del Lunes de San Sebastián’, «a los indiferentes y claudicantes» o «a los que no reaccionan y prefieren la tibia comodidad de su casa y su café».

De hecho, la mayor parte de los detenidos nada tenía que ver con la muerte de Melitón Manzanas, como evidencia una columna que publicó ‘ABC’ el 7 de agosto de ese año y en la que se reconocía que al medio centenar de personas detenidas hasta esa fecha se les acusaba de «estar implicadas en actividades de índole separatista», aunque «ninguno de ellos sea sospechoso del reciente acto criminal cometido en Irun».

Es más, como añade Buces, «solo a una de las 279 personas identificadas se le podía relacionar con la muerte de Manzanas. El sustituto de este, José Sainz, no parece haber sido menos que aquel, siendo uno de los máximos responsables de esta orgía represiva».