El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha hecho público que su grupo ha conocido que «un grupo de trabajo dentro de la Comisión de Coordinación de Policías Locales del País Vasco está trabajando en el proyecto de un decreto sobre el uso de armas de fuego por parte de la Policía Local, con el objetivo de imponer su uso a todo este cuerpo».

Y, al mismo tiempo, denuncia que «a pesar de que hemos solicitado información sobre este proyecto de decreto en todos los niveles, para poder conocer e incluso aportar nuestro punto de vista en esta fase de elaboración, todas las vías han resultado infructuosas. La falta de transparencia es evidente».

En declaraciones a NAIZ, Arzuaga explica que a través de Eudel, EH Bildu tiene una representación en la mencionada Comisión de Coordinación de Policías Locales del País Vasco, a quien, pese a haber mostrado interés en participar de ese grupo de trabajo, le están dando largas.

Según conocen por vías indirectas, los trabajos están adelantados para preparar un borrador que sirva de base al Gobierno de Lakua para la elaboración del mencionado decreto.

«Gran preocupación»

Ante lo que están sabiendo y viendo la importancia que están adquiriendo las presiones securitarias de los sindicatos policiales, Julen Arzuaga afirma que «es un tema que nos causa preocupación».

Explica que «los ayuntamientos son diferentes unos de otros, asimétricos, en cuanto a las necesidades de seguridad. Presentan condiciones variadas en función de la dimensión de la población y del terreno, con diferencias significativas en cuanto a la tasa de delincuencia y percepción de seguridad». EH Bildu entiende que «todo esto también obliga a un análisis local y, como tal, a proponer soluciones».

Por ello, Arzuaga señala que «generalizar el uso de esta equipación, ampliarla en las policías locales como solución, no es adecuado. Las armas de fuego son peligrosas para la ciudadanía y también para el cuerpo de Policía Local que las utiliza y, como nos muestra la realidad, no siempre es la herramienta más adecuada para hacer frente a situaciones de riesgo».

En una proposición no de ley registrada en el Parlamento para su próximo debate en pleno, EH Bildu recoge que «el uso de armas por parte de las policías locales deberá implicar un sistema de medidas de formación, seguridad y registro, así como la evaluación, inspección y control técnico y político del uso de este material. En la actualidad no se dan una evaluación, inspección y control adecuados, ni siquiera en el caso de la Ertzaintza. Por ello, la generalización de este modelo defectuoso a los ayuntamientos no es adecuada ni justa».

«No debería ser obligatorio»

La posibilidad de redactar un decreto para que todos los policías locales deban portar pistolas tiene como base la sentencia del Tribunal Superior del País Vasco, que forzó a ello al Ayuntamiento de Eibar, a partir de la consideración legal de la Policía Municipal como cuerpo armado.

Pero Julen Arzuaga indica que han solicitado informes jurídicos que «concluyen que pueden ir armados, pero no es obligatorio». Asegura que «se puede prestar el servicio como se viene haciendo hasta ahora, o incluso con menos armas, siempre y cuando lo decidan así los ayuntamientos en función de sus propias necesidades y estudios de la situación en cada municipio».

Incide en que «aunque la Policía Local es un instituto armado de carácter civil, esto significa que tiene la facultad y no la obligación de usar armas. Es decir, nada exige necesariamente que así sea. Este carácter armado no implica que todos sus miembros o en todos los servicios que prestan deban portar armas. De hecho, así ocurre en muchos de los servicios que prestan las policías autonómicas o estatales, lo que no genera ninguna contradicción ni queja ni por parte de los agentes policiales ni por parte de la ciudadanía».

Propuesta

Ante lo que ha ido conociendo, EH Bildu ha presentado una proposición no de ley para que el Parlamento de Gasteiz se oponga «a las medidas que suponen la generalización y proliferación del uso de armas de fuego en la Policía Local, que hasta ahora ha sabido hacer frente a su trabajo sin necesidad de llevar armamento peligroso o letal».

Entre otros puntos, también pide que «a la hora de elaborar el decreto», la Cámara reclame «que se priorice la autonomía de las entidades locales para que el pleno municipal decida cómo y con qué instrumentos o mecanismos prestará el servicio de seguridad local.

Asimismo, deberá contar en todo caso con un informe específico y riguroso que justifique las decisiones municipales sobre el uso de armas de fuego, evaluando adecuadamente la situación de la tasa de criminalidad y/o sus modificaciones objetivas, así como las funciones de la Policía Local para el desarrollo del servicio de seguridad, plantilla, infraestructuras físicas, presupuesto y condiciones similares».