La chilena Elizabeth Lira, integrante en su país de la Comisión Valech que investigó la tortura y la prisión política durante la dictadura de Augusto Pinochet y que durante décadas atendió como sicóloga a víctimas de la represión política, ha sido una de las ponentes en el curso de verano de la UPV-EHU celebrado en el Palacio Miramar de Donostia sobre “El derecho a la verdad como herramienta de paz para la construcción de paz”, tomando como referencia la Comisión de la Verdad de Colombia.

Lira fue una de las observadoras internacionales del informe de investigación sobre la tortura en Euskal Herria que dirigieron Paco Etxeberria, Carlos Martín Beristain y Laura Pego por encargo de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia de Lakua.

En entrevista a GARA, resalta la importancia y necesidad de dar atención en salud mental a las personas que sufrieron la represión política y celebra que el Gobierno de Gabriel Boric haya creado una mesa de reparación para las víctimas del estallido social.

¿Qué aportes han hecho las comisiones de la verdad?

Después de un conflicto hay una aspiración de entender cómo se ha llegado al conflicto y qué recursos tenemos para salir de él. En el caso de la comisión de Argentina, ésta se produce después de una dictadura en la que no es la primera vez que desaparecen personas, pero sí la primera vez en que la desaparición es sistemática.

Cuando tienes miedo y no tienes claridad de lo que está ocurriendo, se requiere alguna información que permita ordenar y comprender qué pasó, quiénes desaparecieron y por qué se instaló esta práctica. El informe de la Comisión ordenó una situación, pero no consiguió implementar una respuesta de la magnitud de la desaparición; las leyes de reparación fueron insuficientes.

En Chile, la primera comisión de 1990-91 abordó el caso de los desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de violencia política. La propuesta política era cerrar ahí, es decir, proponer una ley de reparación y que quedara ahí. Se trataba de saldar una deuda con una relativa participación de las víctimas.

¿Qué secuelas deja en una sociedad que siga habiendo desaparecidos y no hablar de esa violencia política?

Lo de hablar es muy ambivalente. En Argentina se han producido películas, libros... hay muchas más actividad cultural que en Chile, pero aún así siguen con el problema pendiente. El diseño estuvo hecho como si se tratara de un crimen perfecto, de manera que fuera casi imposible encontrar a los niños apropiados en la dictadura argentina o los restos de los desaparecidos. Hasta la fecha, no ha habido capacidad política ni en Argentina ni en Chile de resolver el tema de los desaparecidos y no está claro que se pueda resolver, porque la investigación hecha a través de los tribunales no ha dado resultados.

Para cada familia hay una situación ambivalente. Por una parte, los hijos crecen, hacen su vida; y, por otra, siempre está presente esa mochila. Hay familias que han continuado haciendo acciones judiciales, peticiones al Estado, y otras no. Esa manera de ver el problema sigue generando contradicciones y conflictos dentro de las familias.

En todas las comisiones se puso énfasis en las recomendaciones sobre salud mental, pero la capacidad de los Estados para implementarlas ha sido muy tardía. Hay una brecha entre los recursos estatales destinados a estas víctimas y la magnitud del problema.

La salud mental pasa casi desapercibida en este tipo de comisiones, pero sus efectos traspasan generaciones.

Así es. Quizás la comisión que más trabajó la importancia de las consecuencias sobre las familias y los niños fue la de Perú. Tiene un capítulo dedicado a identificar estos impactos. En Argentina hay una mayor conciencia cultural de la importancia de la salud mental y de pedir ayuda. La mayoría de las víctimas siempre buscó atención en salud mental y los organismos de derechos humanos tenían equipos que brindaban esa atención.

En Chile, la comisión de 1990-91 incluyó entre sus recomendaciones la necesidad de tener un programa especial para la atención de las víctimas. Pero el hecho de que exista un programa no es garantía de que las víctimas consulten. Hay quienes por motivos ideológicos pensaban que los sicólogos y los siquiatras son para los locos, no para ellos. La proporción de las personas que consultaban era muy pequeña en comparación con el número de víctimas.

Esto se da por factores culturales y por pensar que hablando se ahonda en el sufrimiento. Pero eso da vuelta, y con la pandemia muchas víctimas de la dictadura han sufrido crisis.

El covid ha supuesto una amenaza de muerte imprecisa. Eso generó una reacción catastrófica en muchas víctimas, porque volvían a sentirse perseguidas por algo intangible, sin recursos ni defensa. Los problemas mentales son la consecuencia mayor y la más dramática de estas experiencias y parece que las consecuencias de la represión política son un asunto privado.

Si bien la mayoría de chilenos está a favor de cambiar la Constitución heredada de Pinochet, ha ganado el rechazo a la nueva Carta Magna. ¿Qué factores lo han propiciado?

Hubo muchas cosas, diría que casi son capas geológicas. No sé si toda la gente estaba en condiciones de responsabilizarse de algo tan complejo como la aprobación de una nueva Constitución. Hay partes del texto constitucional que fueron muy difíciles y no hubo tiempo suficiente para poder mejorar. La nuestra es una sociedad muy conservadora, la gente tiene capacidad de cambiar, pero paulatinamente y solo algunas cosas.

La impresión que tengo es que esto implicaba cambios enormes en muchos aspectos; cambios de visión de los indígenas, de las mujeres, de la población LGTBI, de la discriminación histórica que han sufrido los pueblos indígenas en un país bastante racista y donde, para ciertos sectores políticos, el hecho de que la presidenta de la Convención fuera una mujer mapuche que habla en su lengua es inaceptable. Mucha gente no tuvo capacidad ni de entender ni de procesar tantos cambios juntos.

La mayoría de quienes votaron a favor eran jóvenes. Entre quienes votaron en contra, hay quienes lo hicieron por motivos más técnicos y otros porque se compraron toda la propaganda. Pero, además, la propia Convención partió con muchos escándalos que no dieron la certeza de que estaban haciendo el trabajo seriamente. Pienso también que en la Convención la derecha estaba subrepresentada, por lo mismo se aprobaron fórmulas que no representan el sentir mayoritario de la gente.

Por otro lado, la educación fue muy mala y escasa. Tenías que buscar activamente para saber, y eso es complicado cuando se están decidiendo cosas tan sustantivas.

El primer viaje al exterior del presidente chileno, Gabriel Boric, fue a Argentina, donde visitó el ex centro clandestino de detención de la ESMA junto a su ministra de Defensa y nieta de Salvador Allende y al mandatario argentino, Alberto Fernández. Un importante mensaje en términos de derechos humanos y memoria.

Boric tiene una trayectoria como dirigente estudiantil muy centrada e inspirada por el tema de los derechos humanos. Esa visita era algo que él quería hacer en lo personal. Para m, el tema más simbólico es que el Gobierno ha creado una mesa de reparaciones para las víctimas del estallido social. No se sabe cuántas hay. Hay personas que perdieron los ojos, que tienen balas, perdigones...

Esto pasó en 2019, el Gobierno anterior negó que estos hechos hubieran ocurrido. La documentación demuestra que al menos hay 500 personas que tienen daño físico. Esto genera una responsabilidad del Estado para reparar a estas víctimas y crear una conciencia en la sociedad y en la Policía de que esto no puede volver a ocurrir.

En el estallido hubo una manifestación popular, hubo saqueos, destruc- ción, quema de iglesias... Los medios pusieron a estas personas como delincuentes y la visibilidad de las víctimas se diluyó. La política que el Gobierno ha impulsado es la de reconocer a esas víctimas, independientemente de que puedan tener procesos judiciales. No hay incompatibilidad, pero son muy pocos casos en los que ambas cosas coexisten.

El hecho de reconocer que el Estado tiene una obligación para con estas víctimas es reparar e incluye revisar los protocolos policiales y, probablemente, sancionar policías; no se puede repetir ese tipo de violaciones por la historia que tenemos. Reconocer a estas víctimas pone el énfasis en los valores y principios.