Agricultores afectados por el proyecto minero Muga, que impulsa Geoalcali, que esta la multinacional ha reclamado al Gobierno navarro recurrir al procedimiento de urgencia para expropiar terrenos. De este modo, destacan que se priorizan los intereses de la empresa minera. La mina Muga busca explotar potasa en una zona situada entre las localidades navarras de Zangoza y Xabier y las aragonesas de Undués de Lerda y Urriés.

Según la Ley de Expropiación Forzosa, hay dos procedimientos. En el ordinario, se paga la indemnización y tras el abono se ocupa. En el excepcional por motivo de urgencia, que es el que el Gobierno navarro ha aplicado en este caso, se abona una pequeña fianza (en torno al 5% del valor estimado) y se permite la ocupación del terreno. De este modo, los propietarios de los terrenos expropiados no reciben el valor de los mismos hasta el final del proceso, que se puede dilatar en función de si se presentan recursos o alegaciones hasta los seis años.

Es decir, los agricultores a los que les expropian las tierras para el proyecto minero no reciben el dinero que les corresponde pero tampoco pueden trabajarlas ya que han pasado a ser propiedad de la empresa minera. De este modo, por ejemplo, no pueden comprar otras tierras para trasladar su actividad.

«Nos fuerzan a abandonar la actividad agrícola», se queja Antonio Remón, vecino de Sos d'O Rei Católico y uno de los tres agricultores afectados por la expropiación urgente. El terreno que se les expropiará oscila entre el 50% y el 30% de sus propiedades.

Han puesto en marcha una campaña en change.org para reclamar al Gobierno navarro que no acepte la petición de Geoalcali y que si hay que proceder a expropiar, se haga por el procedimiento ordinario. Es decir, poniendo primero el dinero.

Beneficiar a una multinacional

Remón y sus compañeros consideran que no hay ningún motivo que justifique que las expropiaciones se hagan por el procedimiento de urgencia, más allá del beneficio empresarial de Geoalcali. «No está en juego el interés general de la comunidad en esta urgencia: está en juego una mínima afección al rendimiento privado de Geoalcali y un gran problema al privar de sustento a nuestras familias», destacan.

Aitor Boneta, abogado de los agricultores afectados, insiste en que no hay ningún motivo para que la expropiación se haga por el procedimiento de urgencia. «No hablamos de una obra que pueda ser para el interés general. Se trata un proyecto privado que beneficia a una empresa privada que cotiza en bolsa. No hablamos de una carretera que puede ser para toda la ciudadanía», explica.