Siete integrantes de la Comisión navarra de víctimas de abusos en la Iglesia católica han sido nombrados, mientras que los dos puestos contemplados precisamente para la institución religiosa no han sido ocupados después de que esta haya renunciado a formar parte del organismo.

La comisión, que se constituirá formalmente en el plazo de un mes, se crea al amparo de la Ley de reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica de Nafarroa, aprobada el pasado mes de junio.

Según ha informado el Ejecutivo navarro, el objetivo de la comisión ahora creada es valorar las solicitudes presentadas y proponer, al amparo de la Ley Foral antes mencionada, la admisión o inadmisión de las solicitudes y, cuando proceda, la propuesta de declaración de la condición de víctima de abusos en el seno de la Iglesia católica de Nafarroa.

En la orden foral se nombra a Ana Carmona Juanmartiñena y Esther Aldave Monreal, a propuesta del Parlamento de Nafarroa. Mikel Lizarraga Rada y José Antonio Echauri Tijeras son los dos representantes elegidos por las asociaciones de víctimas de abusos sexuales; mientras que el Gobierno navarro ha propuesto a Mikel Córdoba Gavín y Camino Bueno Zamarbide, a la vez que nombra como secretaria de la comisión a Izaskun Gartzaron Zudaire, jefa de la sección de Atención a las Víctimas del Delito de Nafarroa.

Los dos representantes de la Iglesia católica que la ley les proponía designar no han sido nombrados, ya que la jerarquía de la Iglesia en el herrialde ha declinado participar en esta comisión, si bien el Gobierno navarro «mantiene y mantendrá las puertas abiertas para que la institución religiosa esté representada en la comisión de manera oficial», ha subrayado.

Perfil de los miembros

Camino Bueno, nacida en Iruñea, es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza y ha desarrollado toda su actividad profesional en el área docente, como profesora en el Colegio Vedruna, en el IES Politécnico de Lizarra y en la Escuela de Formación de esta última localidad; y ha sido directora del IES Zizur BHI, además de ser miembro del Consejo Escolar de Nafarroa.

Mikel Lizarraga es profesor de la UPNA en el área de Historia del Derecho. Ha sido el coordinador del libro ‘Abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica. Hacia la verdad, la justicia y la reparación desde Navarra’ y autor del informe elaborado a instancia del Gobierno de Nafarroa ‘Abusos sexuales a menores por miembros de la Iglesia Católica en Navarra (1948-2022)’.

Esther Aldave es doctora en Historia por la UPNA, con la tesis ‘Violencia y sociedad en Pamplona (1876-1936)’. Cuenta con una estancia de investigación en el Instituto de Historia Social de Amsterdam y con varias publicaciones, entre las que destaca la biografía ‘Ramón Bengaray. Osasuna y República’. Forma parte del equipo del Fondo Documental de la Memoria Histórica en Nafarroa.

Josean Echauri es licenciado y doctor en Psicología por la UPNA, donde trabaja como profesor del grado. Es socio fundador de PSIMAE, especialista en Psicología Jurídica y Forense y miembro de la Red Nacional de Psicólogos para la Atención a Víctimas del Terrorismo. Presidente de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica (AIPJ), ejerce además de psicólogo para la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos del Gobierno de Nafarroa.

Mikel Córdoba es consultor independiente especializado en la gestión, monitoreo y evaluación de proyectos desarrollados en el ámbito de los derechos humanos, y con la participación de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos.

Ana Carmona es licenciada en Derecho y graduada en Criminología, experta en Género y en Mediación y Resolución de Conflictos. Ha colaborado con diversas entidades locales, asociaciones y colectivos en temas relacionados con la igualdad y con las distintas violencias que sufren las mujeres.

Izaskun Gartzaron es licenciada en Periodismo y Derecho, tiene formación y experiencia en mediación, es funcionaria de la Dirección General de Justicia desde el año 2010, donde ostenta la jefatura de Asistencia a víctimas del delito desde el año 2015.