El Gobierno escocés, encabezado por Nicola Sturgeon, anunció su intención de organizar un nuevo referéndum de independencia el 19 de octubre de 2023. El proyecto de ley de referéndum todavía no se ha aprobado en Holyrood, pero ante la reiterada negativa de los distintos gobiernos británicos de aceptar el deseo mayoritario del Parlamento de Edimburgo, Sturgeon, sin esperar a que Londres judicializase la cuestión, llevó el caso a la Corte Suprema, que el martes y el miércoles escuchará los argumentos de ambos ejecutivos.

La Corte podría decidir a favor o en contra de que el proyecto de ley esté dentro de los poderes de Holyrood. Pero también existe otra posibilidad: que decida que es demasiado pronto para tomar una decisión. De todos modos, es posible que la resolución no se conozca hasta dentro de varias semanas.

El Lord Advocate o fiscal principal de Escocia explicará de forma oral en la Corte de Londres los argumentos del Gobierno escocés y el Abogado General del Reino se encargará de ser la voz del Ejecutivo de Liz Truss, que ha seguido los pasos de sus predecesores, negándose a otorgar la Sección 30, que da a Edimburgo los poderes para organizar la consulta y que fue la fórmula utilizada para realizar la consulta de 2014. El SNP ha podido presentar su argumentario por escrito.

En un documento público de 51 páginas, el Lord Advocate defiende que Holyrood debería poder aprobar la legislación sobre un segundo referéndum «con el objetivo de conocer los deseos del pueblo de Escocia sobre su futuro». Agrega que las motivaciones del Gobierno escocés, o de los partidos políticos que lo sustentan, para aprobar el proyecto de ley «no son legalmente relevantes». «Las consecuencias legales del proyecto de ley son, significativamente, nulas», insiste.

El Parlamento escocés tiene poder para organizar referéndums, pero los asuntos relacionados con la Unión están reservados al Ejecutivo británico. Y este podría ser el quid de la cuestión. Saber si se podría decir que una votación consultiva sobre la independencia se relaciona con la Unión. Es decir, si un referéndum no autoejecutable (como fue el del Brexit, por ejemplo), altera la Unión o el ámbito del Parlamento de Westminster.

«Cualquiera que sea el resultado de un referéndum, por sí mismo no puede tener ningún efecto en la Unión o en el Parlamento del Reino Unido. Que haya discusiones posteriores entre los gobiernos del Reino Unido y Escocia en caso de que el pueblo escocés indique su apoyo a la independencia de Escocia no cambia eso. Esas discusiones son independientes del referéndum», añade el SNP en su alegato.

La formación independentista centró su documento en el derecho de todos los pueblos a la libre determinación, además de apoyar el presentado por el fiscal principal. El partido, hegemónico en Escocia durante los últimos 15 años, recuerda que «celebrar un referéndum sobre la independencia es el núcleo de su oferta política y programa de gobierno» y que «el público lo entendió» en la última cita electoral, donde el independentismo, representado por el propio SNP y Los Verdes, obtuvo los mejores resultados desde que naciese la Cámara escocesa en 1999.

Sin opción democrática

La formación independentista recuerda que el Reino Unido, en varias resoluciones de la ONU e incluso en el informe de la Comisión Smith que se encargó de considerar una mayor devolución de poderes tras el referéndum de 2014, ha reconocido el derecho a la libre determinación de los pueblos.

De los 650 escaños de la Cámara de los Comunes, 59 son para distritos electorales escoceses, que representan menos del 10% de la Cámara. «Los líderes británicos de los partidos Conservador y Laborista han indicado que no aprobarán un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia. Por lo tanto, no existe una forma práctica de promover el derecho a la libre determinación a través de esa legislatura. Si no hay forma de ejercer un derecho, no es derecho en absoluto: ubi jus ibi remedium», argumenta el SNP. «El Parlamento escocés tiene la autoridad para legislar sobre un referéndum no autoejecutable sobre la independencia de Escocia con el fin de tratar de determinar las opiniones del pueblo escocés sobre ese asunto» y «tiene derecho por ley a la protección de su derecho a determinar su estatus político y perseguir libremente su desarrollo, económico y cultural», resume.

Del lado unionista, el primer paso del Gobierno del Reino Unido fue pedirle a la Corte Suprema que desestimara la presentación del Lord Advocate y se negara a escuchar cualquier argumento sobre el derecho de Escocia a celebrar un segundo referéndum. La administración tory argumentó que un fallo sería «prematuro» dado que el proyecto de ley de referéndum del gobierno escocés aún no se ha presentado ni aprobado por el Parlamento. Sin embargo, la Corte Suprema dijo que permitiría que se escuchara el caso.

En agosto, el Abogado General del Gobierno del Reino Unido para Escocia presentó documentos que argumentaban que el proyecto de ley de referéndum propuesto por el SNP se relacionaba directamente con asuntos reservados según lo establecido en la Ley de Escocia. «El alcance de la pregunta es evidente: es la Unión. No es la disolución de la Unión: ya sea un referéndum para apoyar o rechazar la independencia, se relacionaría igualmente con la Unión. La forma en que se plantee la cuestión del referéndum, neutral o no, no afecta la conexión con la materia reservada».

Estos son los principales argumentos que se escucharán en la Corte esta semana. Si bien parece que no sorprendería a nadie que el dictamen final apoyase la tesis defendida por Londres, está por ver qué pasaría en sentido contrario.

Algunos de los posibles escenarios

Si la Corte Suprema decide que el proyecto de ley del referéndum estaría dentro de los poderes del Parlamento escocés, la primera ministra, Nicola Sturgeon, ha dicho que su Gobierno «presentaría inmediatamente» el proyecto de ley y le pediría a Holyrood que lo aprobara «en un plazo que permita que el referéndum se lleve a cabo el 19 de octubre del próximo año». En este caso, habrá que ver qué posición toma el Ejecutivo de Truss, que en una entrevista a ITV la semana pasada ya advirtió de que tiene «muy claro» que «no debería haber otro referéndum antes de que termine la actual generación». De hecho, el simple hecho de no colaborar, de no acordar la celebración del referéndum, condicionaría la participación de toda la sociedad y la validez del mismo.

Los jueces también podrían dar el visto bueno a que los parlamentarios escoceses debatan el proyecto de ley, pero dictaminar que la cuestión legal de su validez debería decidirse al final de ese proceso.

Si, por el contrario, dictamina que no puede llevarse a cabo un referéndum, Sturgeon ha declarado que las próximas elecciones de Westminster serán un «referéndum de facto» sobre el lugar de Escocia en el Reino Unido.